Santa Cruz de Tenerife, 08 may (EFE).
– El Gobierno de Canarias ha abonado el 55 por ciento de justificación y pago de las ayudas destinadas al autoconsumo energético financiadas con fondos Next Generation, según ha informado este viernes el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata.
Zapata, durante su intervención en comisión parlamentaria, ha asegurado que en esta línea de subvenciones, dotada con 66 millones de euros, quedan aún unos 3.
700 expedientes pendientes de justificar.
Además, ha informado de que se han abonado más de 72 millones de euros correspondientes a la Estrategia de Energía Sostenible, que dispone de una financiación total de 266 millones para programas vinculados a autosuficiencia energética de administraciones públicas, comunidades energéticas, descarbonización industrial y aprovechamiento de suelos antropizados.
Ha señalado además que la previsión del Gobierno autonómico para 2026 es ejecutar 309 millones de euros procedentes de fondos europeos Next GenerationElconsejero ha destacado que con las medidas adoptadas se ha logrado acelerar la gestión de más de 500 millones de euros y desbloquear unos 26.
000 expedientes de subvenciones.
Según ha indicado, cuando comenzó la actual legislatura existían más de 15.
000 expedientes sin tramitar, convocatorias bloqueadas y procedimientos lentos que habían paralizado la transición energética en Canarias.
El diputado socialista Marcos Bergaz ha expresado su preocupación por el ritmo de ejecución de los fondos europeos y ha recordado que numerosos particulares y empresas siguen esperando desde hace más de dos años el cobro de ayudas para instalar placas solares, sistemas de almacenamiento energético o adquirir vehículos eléctricos.
Ha advertido de que, según informes oficiales, aún quedaban pendientes de ejecutar centenares de millones de euros y alertó del riesgo de devolución de parte de esos recursos si no se amplían los plazos establecidos.
En respuesta, Zapata ha defendido la solicitud conjunta de Canarias y del Gobierno de España ante las instituciones europeas para ampliar el plazo de ejecución de estos fondos y evitar pérdidas económicas para el archipiélago.
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