Santa Cruz de La Palma, 20 feb (EFE).
– La asociación ecologista La Centinela ha afirmado que las obras de reconstrucción del tramo de la LP-2 afectado por la erupción volcánica carecen de cobertura legal desde el 30 de enero al no haber respondido el Gobierno de Canarias al recurso presentado contra el proyecto, lo que, a su juicio, activa la suspensión automática prevista en la Ley 39/2015.
En un comunicado, la entidad señala que el Ejecutivo autonómico disponía hasta el 29 de enero para contestar al recurso de reposición interpuesto en diciembre de 2025 contra la aprobación del proyecto en el que solicitaba expresamente la suspensión de su ejecución.
Al no haberse producido respuesta en plazo, la asociación entiende que se ha activado el mecanismo de suspensión previsto en la normativa de procedimiento administrativo.
A partir de esa fecha, según La Centinela, las actuaciones se estarían realizando en “vía de hecho”, lo que, a su juicio, “constituye una irregularidad administrativa grave y podría acarrear consecuencias judiciales para responsables políticos y funcionarios”.
También han advertido de posibles responsabilidades civiles para la empresa adjudicataria por los daños que pudieran ocasionarse en el patrimonio natural o en propiedades privadas desde el 30 de enero.
El colectivo indica que ha trasladado esta situación al Gobierno de Canarias mediante registro oficial y no descarta acudir a la vía penal por un presunto delito de prevaricación si no se paralizan las obras.
La asociación ha recordado que recurrió la aprobación del proyecto al considerar que se había impedido el trámite de información pública y la audiencia a personas interesadas, lo que, en su opinión, limita la posibilidad de control de la actuación administrativa y la defensa del patrimonio natural afectado.
Además han aludido a un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), encargado por el propio Gobierno autonómico, que, según señala La Centinela, recomendaba no permitir la construcción de carreteras en ese espacio ni reconstruir la LP-2 en su trazado original por su impacto ambiental y por las características geotécnicas del terreno.
La Centinela ha criticado las declaraciones del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en las que defendía el carácter “muy riguroso” del expediente técnico y jurídico previo, y ha cuestionado el motivo por el que dicho expediente continúe sin someterse a información pública.
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