Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).
– Comisiones Obreras ha acusado este viernes a los responsables del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria de expedientar a varios bomberos tras negarse a manipular equipos que, según sostienen, no habían sido correctamente descontaminados.
En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato critica esa actuación, pues constituye «un castigo injusto por priorizar la seguridad y la salud laboral» -argumenta- y reclama la retirada inmediata de los expedientes, así como la apertura de un proceso de diálogo para resolver el conflicto existente en el cuerpo.
Los trabajadores expedientados, según relata, rechazaron recoger y manipular determinados equipos de intervención —especialmente trajes y material operativo— al considerar que podían estar contaminados tras su uso en incendios u otras emergencias, sin que se hubiera acreditado su adecuada limpieza o descontaminación.
«Y debido a la carencia de los procedimientos que lo acrediten así, como la formación e información que se debe impartir obligada en materia de prevención», argumenta.
Añadiendo que la sanción se basa en «una negativa a coger unos equipos que no han llevado la trazabilidad conforme el marco normativo según la ley de prevención y riesgos laborales» y afirmando que, «por tanto hay razones suficientes para asegurar que no están descontaminados».
Y apostillando que, además, «esta preocupación se venía trasladando con anterioridad a la administración durante años y mediante escritos registrados».
CCOO indica que la exposición a sustancias tóxicas derivadas de los incendios es uno de los principales riesgos profesionales del colectivo de bomberos y que los procedimientos de descontaminación son esenciales, además de obligatorios, para prevenir enfermedades como cánceres a medio y largo plazo.
Y añade que hay que recordar que han sido varios los casos detectados en el propio colectivo durante los últimos años.
Desde ese planteamiento, informa de que respaldará jurídicamente a los afectados, pues -expone- la administración ha iniciado procedimientos disciplinarios que podrían implicar suspensión de empleo y sueldo, una medida desproporcionada y punitiva para el sindicato.
Que advierte de que la apertura de expedientes puede agravar el clima interno y afectar al funcionamiento del servicio, al tiempo que reclama a los responsables municipales una solución negociada, señala el texto.
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