Las Palmas de Gran Canaria, 2 feb (EFE).
– El Cabildo de Gran Canaria considera que su apuesta por el desarrollo sostenible está dando frutos al ser secundada por la ciudadanía de esa isla, que «lidera, con diferencia, las ventas de vehículos eléctricos» en el archipiélago, así como el autoconsumo energético en el segmento de baja tensión.
El impulso de la corporación insular a la creación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos la llevó a contar con un total de 67 instalaciones de ese tipo al cierre de 2025, constituyendo «la mayor red pública de toda Canarias» en la materia, según ha destacado al hacer balance del ejercicio en su departamento el consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular, Raúl García Brink.
El consejero ha recurrido a datos de las patronales de venta de automóviles y de compañías eléctricas para demostrar ese liderazgo que ha propiciado la corporación, apuntando, por ejemplo, que el año pasado el 55 % de los coches eléctricos vendidos en la comunidad autónoma se comercializaron en Gran Canaria.
Esta isla tiene, además, la mayor cuota regional de autoconsumo de energía eléctrica en el segmento de baja tensión, alcanzando ya el 38 % de la demanda total, impulsada, en buena medida, por la política de subvenciones a instalaciones renovables, ha dicho.
García Brick ha subrayado que el propio Cabildo contribuye, por su parte, al desarrollo de las fuentes de energía sostenibles al optar por ellas, sumando ya 22 instalaciones fotovoltaicas que, a la par que reducen las emisiones de gases a la atmósfera, han supuesto un ahorro de 1,5 millones de euros anuales respecto a la factura que conllevaría producir la misma electricidad a partir de combustibles fósiles.
Todo ello, en un ejercicio en el que ha habido «un aumento exponencial de la actividad del Consejo Insular de Energía, gracias al cual articula el Cabildo sus actuaciones en la materia, ha apuntado.
Y ha declarado que datos como esos «reflejan el esfuerzo por transitar hacia un modelo más ecológico, más sostenible», que lleva a cabo el gobierno insular.
En materia de medio ambiente, García Brink ha recalcado el incremento registrado en cuanto al volumen de sanciones impuestas por usos inadecuados de espacios naturales, principalmente por transitar por lugares donde está prohibido, estacionar vehículos en ese tipo de sitios o practicar actividades no permitidas.
Ha detallado que en 2024 se levantaron 632 actas sancionadoras y que en 2025 fueron 703, y ha matizado que en 120 de ellas las personas infractoras eran ciudadanos extranjeros, mayoritariamente turistas que invadieron, saltándose las señalizaciones, parajes vedados de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas.
Además, ha puntualizado que, a fecha de 31 de enero de 2026, ya se había logrado que pagaran las sanciones correspondientes 50 de esos extranjeros, mientras se siguen tramitando las pendientes de cobro todavía.
El consejero ha dado a conocer que la actividad de su departamento ha crecido igualmente en otras áreas, como en la gestión de las zonas de acampada públicas, donde hubo «prácticamente, un crecimiento del 75 %» del número de usuarios entre 2024 y 2025, pasando de 139.
582 a 244.
266, o en la promoción del bienestar animal.
Sobre esto último, ha especificado que el albergue insular de gatos y perros abandonados acogió menos ejemplares que un año antes (2.
404 frente a 2.
613) pero tramitó un número de adopciones mayor (1.
118 frente a 1.
037).
Cifras ambas que ha valorado, al entender que son positivas porque reflejan que hay una mayor concienciación ciudadana de no abandonar mascotas y de acogerlas, pues «llegan menos animales al albergue, pero han aumentado las adopciones».
Y, en lo que respecta a fauna silvestre, ha presentado también datos positivos, en especial la cantidad de pardelas recuperadas, que subió de un año a otro de 876 a 1.
052, tanto por la colaboración de particulares como a resultas de convenios de colaboración del Cabildo con ayuntamientos, empresas y otras entidades.
En cuanto a gestión forestal, ha destacado que el programa Gran Canaria Mosaico, que comprende un conjunto de actuaciones en materia de prevención y sofoco de incendios, ha más que duplicado su presupuesto, de un millón de euros a 2,5 millones.
EFEcms/jmr