Santa Cruz de Tenerife, 30 ene (EFE).
– La Audiencia Nacional (AN) ha avalado la decisión del Consejo de Estado de pagar 8.
100 y 34.
900 euros de indemnización a un arquitecto y un promotor inmobiliario detenidos en la redada contra la mafia que tuvo lugar en Adeje (Tenerife) el 19 de octubre de 2011, causa de la que quedaron absueltos.
El primero de los demandantes estuvo 314 días privado de libertad, entre el 21 de octubre de 2011 al 30 de agosto de 2012, mientras que el segundo pasó 1.
174 días, desde la primera fecha hasta 7 de enero de 2015.
La resolución estimó parte de la reclamación de los demandantes que pedían 163.
300 y 632.
200 euros por la prisión provisional tras la operación de la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales, asociación ilícita y salud pública que concluyó en absolución de los 13 detenidos.
El Consejo de Estado fijó la responsabilidad patrimonial en base al tiempo que pasaron en prisión y las consecuencias personales y familiares de esta medida pero descarta añadir sumas adicionales por el daño reputacional, difusión en redes y otros más no acreditados.
El promotor alegó que no se tuvieron en cuenta los proyectos de obra en los que trabajaba que le hubieran aportado 190.
000 euros, el daño moral a su imagen por la detención y elevado número de noticias en redes por relacionarlo con la mafia.
Tampoco que su esposa, ama de casa, se viera privada de toda ayuda económica, siendo asistida por familiares y amigos y que solo pudo visitarlo en una ocasión dado que se encontraba en una prisión en la Península.
Los proyectos en los que, según dijo, trabajaba en aquel momento eran la dirección de obra de una clínica privada, de un restaurante, de un edificio de ocho viviendas y 3 locales comerciales, 12 villas, ampliación de otro inmueble y de una villa más, perjuicios que cuantifica en 163.
300 euros.
El arquitecto discrepa de la suma reconocida apelando a que pasó en prisión más tiempo que el otro demandante, dejar también sin amparo a su esposa y tres hijos, inclusión en el FIES, un régimen de internos de especial seguimiento, que su mujer sólo lo pudo visitar una vez y se frustró su labor profesional.
Este detenido lamenta que no pudo asistir al entierro de su padre,por lo cual solicitaba el pago de 632.
200 euros, lo que también descarta el Abogado del Estado.
La cuantía es fijada exclusivamente en base al número de días que pasaron en prisión, las consecuencias personales y familiares producidas y los daños ciertos producidos teniendo en cuenta que la privación de libertad es considerado “sin duda un mal que es preciso resarcir” si acaba en absolución.
Son ya cerca de una decena los detenidos en aquella operación contra el clan de los Nuvoletta que han recurrido a los tribunales y obtenido indemnizaciones que oscilan entre los 4.
000 y los 30.
000 euros por permanecer privados de libertad desde unos pocos meses hasta cuatro años.
La Audiencia Nacional descarta que ambos se vieran sometidos a un régimen penitenciario singular y especialmente agravado, más allá del que se impone a los reos acusados de estos delitos que pueden suponer “ciertas restricciones”, no acreditadas en este caso.
Rechazan indemnizar por los daños en su reputación dado que el eco mediático se centraban en el proceso no en la permanencia en prisión y añaden que siempre podrán acogerse al “derecho al olvido” que permite borrar de las redes toda mención a esta causa.
En cuanto a los proyectos en los que según dicen, estaban trabajando, se indica que no aparecen visados por el colegio de arquitectos o tramitados en alguna administración, más allá de algunos documentos “muy generales” y un encargo por el que cobrarían 3.
500 euros.
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