Las Palmas de Canarias, 28 ene (EFE).
– La asociación ecologista Turcón ha llevado a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente la extracción de picón en la Montaña Rajada de Jinámar (Gran Canaria), al considerar que existe «riesgo objetivo del desmantelamiento de la base y de los cimientos» de este elemento geomorfológico, único en el municipio y de singular valor para la población local.
La Montaña Rajada es un pequeño volcán de características singulares, marcado por una fractura norte-sur, integrado en el ámbito del vulcanismo reciente de Jinámar y vinculado a coladas lávicas que confluyeron hacia el actual núcleo de Jinámar.
Turcón ha defendido que este espacio natural tiene «incalculables valores geológicos» y que por ello se encuentra protegido con la figura de Paisaje Protegido de Tafira.
«La cantera de picón se encuentra en el borde sur-sureste del Espacio Natural, por lo que creemos que al aproximarse a la Montaña Rajada invade suelo donde no está permitida su actividad», ha indicado al advertir que «de proseguir su devoradora actividad por ese lado, terminará escarbando tanto que propiciará el desmoronamiento del volcán con el consiguiente riesgo para los trabajadores, así como con la deformación y posible desaparición de la Montaña».
Turcón ha presentado la denuncia a la Fiscalía, al Cabildo de Gran Canaria, porque es un Espacio Natural Protegido; a la Agencia de Protección del Medio Natural y al Ayuntamiento de Telde.
Desde la asociación ecologista han solicitado que se adopten medidas cautelares con la paralización de las obras y los movimientos extractivos «para salvar» la Montaña Rajada, al considerar «el impacto de las obras de extracción un atentado ecológico y geológico de primera magnitud».
Y ha informado a las autoridades competentes su reserva de acciones penales en caso de destrucción de la montaña, porque «ya más de 40 años de lucha por la protección de esta zona volcánica de Jinámar».
Turcón ha recordado que la cantera está en explotación desde principios de los años setenta, con la única autorización de la Sección de Minas de la Consejería de Industria, pero que quedó sin efecto cuando se agotaron las reservas y la zona fue restaurada convirtiéndose en suelo de cultivos.
Tras esa fecha, se iniciaron procedimientos administrativos y judiciales impulsados por el Ayuntamiento y colectivos ecologistas, que culminaron en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (1986) favorable a la no concesión de la licencia por no cumplir determinados requisitos técnicos.
Posteriormente, el empresario tramitó una nueva autorización ante el Gobierno de Canarias que solicitaba la extracción para 18 años, proceso en el que se presentaron alegaciones por parte de distintas organizaciones, entre ellas Turcón, debido a que presentaba «una paupérrima planimetría inapropiada para un proyecto empresarial a largo plazo».
«Hoy en día en nuestros expedientes y apoyándonos en esa planimetría resulta que la extracción ya ocupa suelo fuera de los límites establecidos en su momento», ha indicado la asociación ecologista.
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