Asepalma valora el pago a agricultores afectados por el volcán y reclama lo pendiente

Santa Cruz de La Palma 2 ene.

(EFE).

– La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma)ha valorado el cumplimiento del Gobierno de Canarias con los agricultores afectados por la erupción volcánica, tras la tramitación de las órdenes de pago de las indemnizaciones por un importe global de 100 millones de euros.

La asociación considera que este paso marca “el arranque real” del proceso de reconstrucción de las fincas agrarias, aunque advierte de que “sin el respaldo económico del Estado será imposible culminarlo”.

Según ha señalado ASEPALMA, el abono de estas compensaciones permite a los agricultores planificar e invertir con mayor certidumbre en la recuperación de sus explotaciones.

La organización agraria subraya además que los 100 millones destinados a compensar las pérdidas proceden del superávit presupuestario de la Comunidad Autónoma, una decisión que interpreta como una muestra de la solidaridad del conjunto del pueblo canario con La Palma tras la catástrofe volcánica.

También ha reconocido “el trabajo y el esfuerzo económico que están llevando a cabo el Cabildo Insular y los ayuntamientos de los municipios afectados en la reconstrucción del territorio, las infraestructuras y los servicios básicos”.

De cara a la siguiente fase del proceso, ASEPALMA considera que desde enero de 2026 el reto pasa por consolidar y ampliar la reconstrucción, para lo que reclama la implicación financiera del Gobierno del Estado.

La asociación ha apelado a la necesidad de que se articulen en el corto plazo las transferencias de los fondos estatales pendientes para la recuperación agraria y valora la disposición mostrada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para seguir trabajando por la isla.

En este sentido, advierte de que sin ese respaldo económico estatal durante el primer trimestre de 2026 no será posible completar las ayudas complementarias necesarias, activar los instrumentos del PEPAC, ni abordar la recuperación de infraestructuras agrarias de uso colectivo, como caminos, pistas y redes de riego.

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