Las Palmas de Gran Canaria, 1 dic (EFE).
– La plataforma ciudadana ‘Derecho al Techo’ ha mostrado su oposición al I Congreso de Vivienda que organiza este lunes el Gobierno de Canarias porque considera que «no es una jornada sobre el derecho a la vivienda, sino sobre el negocio inmobiliario».
El evento, a celebrar el 1 y 2 de diciembre, «se presenta como un encuentro para un nuevo modelo de vivienda, pero el programa está dominado por promotores, bancos, constructoras, consultoras inmobiliarias y agentes privados vinculados a la especulación del suelo», ha denunciado el colectivo en un comunicado.
Los actores prioritarios en estas jornadas «son intereses empresariales, no la ciudadanía afectada por desahucios, infravivienda o alquileres inasumibles», por lo que, a juicio de Derecho al Techo, el congreso «legitima el modelo que ha generado la crisis».
En este encuentro, ha subrayado «se analizan licencias, suelo urbanizable, financiación privada e industrialización como si el problema fuera técnico, cuando es político y estructural».
Derecho al Techo rechaza «el enfoque» del congreso, que apuesta por «más suelo, más obra, más mercado», que es el modelo que «ha encarecido la vivienda y expulsado a la población residente».
Se prioriza «la colaboración público-privada sin evaluar sus consecuencias» y las mesas celebran «la externalización, las concesiones y la financiación privada de vivienda protegida», cuando, para el colectivo, «este modelo ya ha demostrado que eleva los precios del alquiler protegido con cláusulas de rentabilidad privada».
«Se sigue teniendo la vivienda como un activo financiero y mercancía estratégica, no como un derecho y no se abordan las causas reales de la emergencia habitacional», afirma en su escrito.
Derecho al Techo, en cambio, propone tratar la turistificación, las viviendas vacacionales, el acaparamiento de vivienda por fondos buitre y socimis, para «tenerlas cerradas, esperando a especular», recordando que en Canarias hay «211.
000 viviendas cerradas y no se pone freno a la especulación y fiscalidad contra las viviendas vacías».
Denuncia, a su vez, que «no se potencian modelos cooperativos» y tampoco «discute cómo detener la especulación que impide que sea asequible», además de dejar «marginada» la perspectiva ciudadana.
Para el colectivo, estas jornadas «no representan al pueblo que sufre la crisis habitacional, sino a quienes se benefician de ella» , ya que «no aborda las causas reales, sino que profundiza en un modelo extractivo», por lo que pide «solucionar la crisis habitacional» cambiando el concepto de vivienda que «no puede seguir siendo una mercancía sino un derecho».
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