Las Palmas de Gran Canaria, 17 nov (EFE).
– El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado este lunes que «está de acuerdo» con la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, en que la nueva Ley de Vivienda Vacacional aún necesita desarrollo reglamentario, pero ha enfatizado que no se podía «seguir mirando para otro lado».
El portavoz ha subrayado que era necesario «dar garantías» tanto a los gestores de viviendas vacacionales como a los ayuntamientos para que «puedan saber a qué atenderse», algo que desde el Ejecutivo consideran que es «mejor que la indefinición en la que nos encontrábamos ahora mismo».
Cabello ha hecho esta afirmación durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno después de que la alcaldesa de Mogán -cuarto municipio turístico más importante de las islas- haya pedido cambios en la ley recién aprobada para que la actividad de vivienda vacacional sea equiparada a la de los hoteles y apartamentos o a la de los arrendamientos convencionales.
«Ahora está muy clarito, va a haber un tope que va a ser el 10 % de las viviendas (20 % en las islas verdes) que hay en un municipio, se van a poder destinar vivienda vacacional y con responsabilidad cada ayuntamiento va a tener que ordenar ese tema», ha dicho el portavoz.
Cabello ha defendido que Canarias, con ocho islas y 88 municipios, tiene «88 realidades diferentes y, por tanto, la ley lo que tiene que hacer es contemplar un rango amplio de soluciones y adaptabilidades a cada una de las realidades insulares».
El portavoz del Ejecutivo ha enfatizado la necesidad de regular y ordenar el hecho de que en muchos municipios el número de viviendas vacacionales ya supera a las plazas hoteleras «y eso produce una distorsión en el negocio turístico de Canarias y en el mercado de la vivienda».
Además, ha defendido esta ley al indicar que, cuando era concejal de Turismo en Santa Cruz de Tenerife y quisieron «impulsar una ordenanza propia que nos permitiera regular o adaptar de alguna manera las distorsiones que estaban habiendo» fueron «incapaces de hacerlo».
porque con «la inexistencia de una ley autonómica no se podían terminar de desarrollar ordenanzas municipales».
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