Santa Cruz de Tenerife, 1 nov (EFE).
– La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel a los dos acusados de ejercer de patrones de un cayuco que llegó a Tenerife el 12 de agosto 2021 con 57 inmigrantes, de los que catorce eran menores de edad y cinco mujeres.
El cayuco partió desde la costa de Mauritania y fue interceptado por Salvamento Marítimo, que lo trasladó al puerto de Los Cristianos.
La Sala considera probado que los acusados realizaron labores de navegación como repartir comida y bebida, poner orden y orientarse mediante un GPS durante una travesía que duró entre 5 y 6 días en un cayuco considerado “inidóneo” y sin medidas de seguridad, llegándose a averiar un motor.
El espacio del que disponían los pasajeros era “a todas luces insuficiente”, pese a lo cual los acusados emplearon dicha embarcación para realizar la travesía, con el consiguiente riesgo para la vida, salud e integridad física de los ocupantes, según la sentencia.
Una vez en tierra firme la policía nacional llevó a cabo los interrogatorios a los migrantes para identificar a los posibles organizadores del viaje pero sólo fueron tres los que se prestaron a colaborar, reconociéndolos por medio de fotografías y grabados en sede judicial para servir como prueba preconstituida.
A continuación los dos procesados pasaron a estar en prisión provisional junto a un tercero que será objeto de otro juicio.
La Audiencia considera demostrado que los acusados se encuentran a un nivel inferior de quienes organizaron el viaje, que fueron los que obtuvieron las ganancias, dado que el dinero lo pagaron en Mauritania a personas que no estaban en el cayuco.
Todos ellos declararon que venían a buscarse la vida en Europa dadas las precarias condiciones en las que viven en su país.
En este procedimiento, concurre la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el juicio tuvo lugar en octubre de 2024, casi tres años después de haber llegado, superior a la pena impuesta.
La Fiscalía solicitaba que cada uno fuera condenado a seis años de cárcel por considerarlos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
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