Las Palmas de Gran Canaria, 29 oct (EFE).
– El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha rechazado la declaración de utilidad pública y social de una instalación fotovoltaica que conlleva expropiaciones en 11 hectáreas en Jeréz (Telde), una zona de Suelo Rústico de Protección Agraria Especial.
Como ha denunciado el colectivo en un comunicado, se trata de una superficie equivalente a 12 campos de futbol en suelo agrícola de la zona de Jeréz en Telde con «una grave dejación de funciones de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias» que, en el marco del proyecto ‘Planta Fotovoltaica Aguadulce’ promovido por la multinacional Enel Green Power España, «ha eludido su deber de defender el interés público, el territorio y los derechos de la ciudadanía canaria».
Durante la tramitación de este proyecto, la Dirección General de Energía «no ha valorado en conjunto las alegaciones ciudadanas y de los colectivos ecologistas, limitándose a trasladarlas directamente al promotor para que sea éste quien responda de manera individualizada a cada una».
Con esta actuación, el Gobierno «abandona su papel de garante del territorio» y expone a los colectivos sociales y a los particulares «a la presión de una multinacional eléctrica», permitiendo que «el poder económico y la narrativa corporativa se impongan sobre la voz ciudadana».
La Administración, ha lamentado Turcón, se ha convertido en «mera tramitadora de los intereses empresariales de ENEL, renunciando a su deber de proteger el suelo agrario, el paisaje y la soberanía alimentaria de Canarias».
El proyecto se asienta sobre Suelo Rústico de Protección Agraria Especial (SRPAG-1), una categoría reservada para preservar a largo plazo los suelos de alto valor agrícola y ambiental, ha subrayado.
Para Turcón–Ecologistas en Acción, la transformación de estos suelos «supone una pérdida irreversible de su vocación agrícola, expulsa a sus legítimos propietarios, impide otros usos como el pastoreo, abre la puerta a más proyectos industriales en suelo protegido», además de los que ya están instalados en la zona, y «contradice los objetivos de la planificación territorial y del propio PTECAN (Plan de Transición Energética de Canarias) que indica que existes suficientes espacios urbanizados en Canarias para cubrir, con creces, la demanda energética».
En esta línea, Turcón ha subrayado que la transición energética «no puede convertirse en un nuevo modelo de expolio del suelo rural, repitiendo los errores del desarrollismo turístico e inmobiliario».
Aunque el colectivo no se opone a las energías renovables, sí a su implantación «desordenada y socialmente injusta», que convierte espacios agrarios «en parques industriales en beneficio de grandes corporaciones».
Entre las alternativas que propone Turcón – Ecologistas en Acción destaca el aprovechamiento de cubiertas de viviendas, centros públicos, naves industriales, aparcamientos y superficies comerciales; instalaciones en suelos ya artificializados o degradados, no en suelo rústico protegido o la promoción del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas locales, con participación ciudadana y beneficios directos para la población.
Del mismo modo, proponen una planificación energética insular vinculante, que priorice la soberanía energética y alimentaria, evitando impactos acumulativos sobre el territorio.
Turcón – Ecologistas en Acción ha insistido una vez más en qsu «rechazo de forma rotunda la planta fotovoltaica Aguadulce por su impacto territorial, ambiental y social», y exige al Gobierno de Canarias que deniegue la autorización administrativa y ambiental del proyecto, someta este y otros proyectos similares a una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria y «reoriente la política energética insular hacia modelos descentralizados y socialmente justos».
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