Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct (EFE).
– El PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechaza que el colegio del barrio de El Lasso, en el cono sur de la ciudad, siga siendo usado para acoger a migrantes y exige que sea «devuelto a los vecinos».
Así lo han manifestado este lunes en un comunicado los populares, en la oposición en el Consistorio que gobiernan PSOE, NC y Podemos, partidos que han acordado que estas antiguas instalaciones educativas sigan operando como centro de acogida de inmigrantes, lo que «consolida un uso que se presentó como temporal» en la pasada legislatura, ha reprochado su portavoz municipal, Jimena Delgado.
Para el PP, esta decisión «encaja en una tendencia de consolidación de grandes equipamientos de acogida en la capital, que incluye el acuartelamiento Canarias 50, en La Isleta», que funciona como «recurso estable» de acogida por decisión del Consejo de Ministro, «pese a que el planeamiento urbano vigente reservaba ese ámbito para espacios libres y zonas verdes».
En opinión de Delgado, la prórroga dada a las instalaciones de El Lasso y la continuidad operativa de Canarias 50 «trasladan a la ciudadanía la idea de que la excepcionalidad se ha convertido en norma».
La concejal del PP critica que Las Palmas de Gran Canaria «se esté consolidando como centro permanente de estancia e internamiento de migrantes» y asegura que tanto La Isleta como El Lasso son barrios que «anhelaban un uso propio de estos espacios municipales».
A su juicio, «mantenerlos como macroequipamientos para extranjeros difiere recursos y pospone proyectos de proximidad para los residentes en dichos barrios».
Aunque las instalaciones de El Lasso se acondicionaron para que sirvan de centro de acogida, el PP estima que la prórroga de este uso «perpetúa una solución de emergencia en un solar estratégico para usos de barrio en una zona con déficit de equipamientos».
El grupo popular municipal ha recalcado que «aboga por una atención inmediata y digna tras el rescate, pero defiende la derivación a la península en menos de 72 horas y una política estatal clara y definida que combata las mafias, ordene la migración y favorezca la integración».
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