Las Palmas de Gran Canaria, 12 sep (EFE).
– El PP en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado este viernes la «total falta de transparencia» en el Consorcio de Viviendas ante la negativa a facilitar la documentación solicitada desde hace meses por las actas de las reuniones de los consejos de dirección y ejecutivo, entre otra información.
En un comunicado, el PP ha calificado de «auténtico escándalo» que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, que preside Antonio Morales, acumule sin aprobar ni publicar en su portal web 23 actas de todos los consejos celebrados –donde los grupos de la oposición no cuentan con representación- en el actual mandato.
Según los populares, la última acta aprobada data del 24 de mayo de 2023, cuando se celebró sesión ordinaria del Consejo de Dirección.
«Este retraso no es circunstancial sino que responde a una estrategia de oscurantismo perfectamente diseñada para obstaculizar la labor de fiscalización de los grupos de la oposición y, al mismo tiempo, tapar la falta de gestión en un organismo prácticamente paralizado pese al gravísimo problema de falta de vivienda que existe en la isla de Gran Canaria», ha recalcado el PP en el comunicado.
En él indica que el Grupo Popular interpuso una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, que dictó resolución estimatoria y requirió al Cabildo la entrega de toda la documentación demandada, además de instar a la institución insular a agilizar los procedimientos de tramitación de solicitudes de acceso a la información pública.
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los grancanarios con más de 10.
000 demandantes y, pese a ello, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria lleva más de una década –bajo el gobierno insular de NC y PSOE- sin construir una sola promoción pública salvo el proyecto de 63 casas que se está ejecutando en la actualidad en el barrio capitalino de El Secadero y que ya acumula varios meses de retraso, ha recalcado el PP.
Además, ha incidido en que el grupo de gobierno ha rechazado todas y cada una de sus iniciativas registradas para paliar el problema de acceso a la vivienda que sufren, principalmente los jóvenes y las familias más vulnerables.
Entre ellas, ha citado la puesta en marcha de un plan para levantar 1.
000 viviendas públicas con cargo a los remanentes de tesorería; la convocatoria de una línea de ayudas al alquiler social destinada a jóvenes y familias con escasos recursos; la creación junto a los 21 ayuntamientos de la Isla de una bolsa de viviendas vacías; o la compra de suelo para construir viviendas colaborativas para personas mayores que no requieran servicios sociosanitarios.
Por todo ello, ha insistido al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a suscribir con la mayor celeridad un convenio de colaboración con el Instituto de Vivienda de Canarias (Icavi) para promover la construcción de vivienda pública en la Isla.
Se trata de una iniciativa que ya puso en marcha a principios de año el Cabildo de Tenerife, que destinará 45 millones de euros –de los cuales el 57,11 % es aportado por el Icavi y el 42,89 % por la administración insular- para incrementar en 257 el parque público de vivienda en la citada isla, señala la nota.
EFEcda