Toledo, 30 jul (EFE).
– El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha garantizado este miércoles, ante su homólogo canario, Fernando Clavijo, que la región dará acogida a los menores migrantes no acompañados que reubicará el Gobierno, pese a que su Ejecutivo ha interpuesto un recurso de constitucionalidad ante esa decisión por falta de financiación.
«Vamos a cumplir con la ley, nos guste o no», ha afirmado el presidente castellanomanchego, en declaraciones a los medios en Toledo tras firmar con Clavijo un convenio para cesión de tecnología, donde ambos se han referido, a preguntas de los periodistas, a la reubicación de los menores migrantes que llegan a Ceuta, Melilla y Canarias.
Según los planes del Ministerio de Infancia, Castilla-La Mancha debería empezar a recibir, a partir del 28 de agosto, a 320 menores procedentes de estos territorios, una cifra que la Junta ha calificado de «inasumible» si no se aumenta la financiación prevista.
Clavijo ha destacado que Castilla-La Mancha «cumplió siempre con los compromisos que se adquirieron» y ha recordado que «el Estado tenía que comprometerse a la financiación» con las comunidades autónomas.
El presidente canario ha defendido que cualquier presidente autonómico acuda a los tribunales «si considerase que los intereses de su tierra fuesen afectados o fuesen mermados», pero ha recordado que «hay una ley».
Por su parte, García-Page ha asegurado que su Gobierno no hubiese recurrido la norma si el Ejecutivo central se «hubiera mantenido en los consensos del 2024» y no se hubiera aliado «con la extrema derecha» que en su opinión encarna Junts.
«No hubiéramos dado el paso de recurrir al Constitucional si no hubiera metido mano en el último momento Puigdemont para, literalmente, excluir a algunas autonomías y para, además, establecer un sistema de financiación en el que nos se nos imponen gastos a las autonomías sin que haya presupuesto que lo financie», ha añadido.
Además, ha denunciado una «intención en desviar el problema global de la emigración ilegal hacia los menores» porque «permite que el Estado se desentienda del problema y lo arroja a las autonomías».
«El Estado lo que está haciendo es desentenderse», ha denunciado Page.
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