Santa Cruz De Tenerife, 29 jul (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes el proyecto de decreto con el que espera mitigar la lista de espera para la concesión del grado de Discapacidad, que la consejera del área, Candelaria Delgado, ha cifrado en 27.
000 personas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, Delgado ha detallado que el decreto permitirá aportar un catálogo de patologías con un determinado grado de discapacidad, de manera que si se acredita una de las enfermedades listadas se podrá realizar un informe sin necesidad de una valoración presencial, una cuestión que hasta ahora «supone un retraso».
Además, con el nuevo proyecto de decreto se ha hecho un trabajo de detección de perfiles prioritarios y vulnerables, y se ha aumentado la ventana de acceso a la atención temprana, que hasta ahora iba de los 0 a 6 años, y que ahora pasa hasta los 18 años.
Asimismo, para estimar la concesión del grado no se tendrán en cuenta solo aspectos médicos sino también sociales graves, lo que en opinión de la consejera ayudará a fomentar una mejor integración.
«Otra novedad relevante del decreto es que se creará un procedimiento especial que genera de oficio la tarjeta de estacionamiento, y ya no la tendrán que solicitar sino que se hará de oficio, limitando así ese trámite tan engorroso», ha descrito Candelaria Delgado.
Por otro lado, el decreto impulsará la coordinación entre administraciones para la asignación de pensiones no contributivas, de manera que existirá una vía de comunicación con el Servicio Canario de la Salud o con la Consejería de Educación, por ejemplo, para que profesionales de esas áreas puedas emitir informes.
Todo ello, ha aseverado Delgado, redundará en la reducción de las listas de espera, y acortará los plazos de reconocimiento del grado de discapacidad «sin que suponga una carga para la ciudadanía».
Delgado ha afirmado que en los últimos años la lista de espera se había incrementado en más de 9.
000 solicitudes, y que seguía subiendo año a año.
Ahora, «con estos procedimientos y la incorporación de personal y herramientas de análisis de datos complejo que permita tratarlos se podrá valorar el grado en el tiempo estipulado por la ley, de seis meses», ha concluido.
EFEcmg/rdg