Las Palmas de Gran Canaria, 28 jul (EFE).
– La Audiencia de Las Palmas ha confirmado el auto de sobreseimiento provisional dictado por un juzgado de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) contra una denuncia presentada en 2022 contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; su primer teniente de alcalde, Mencey Navarro; varios funcionarios municipales y el empresario Luis Oller.
En el caso, estaba personada como acusación popular la exconcejal de Nueva Canarias Isabel Santiago, que acusada a los denunciados de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, con base en un informe elaborado en su momento por la Guardia Civil.
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana sobreseyó provisionalmente el caso al no apreciar pruebas o indicios que permitieran sostener que Bueno y Navarro hubieran vulnerado la ley para favorecer los intereses privados de una empresa (Cornisa del Suroeste SL) en perjuicio del Consistorio de Mogán.
El auto deja constancia de que el informe de la Guardia Civil donde se apreciaban esos posibles delitos se sustentaba en buena medida en el testimonio de una funcionaria municipal.
Pero esa funcionaria no fue citada por el Juzgado como testigo, sino como investigada, situación ante la cual prefirió acogerse a su derecho a guardar silencio.
La Audiencia subraya que, sin haber ratificado lo que contó ante un juzgado o tribunal, la declaración de esa empleada municipal ante la Guardia Civil no tiene valor de prueba de cargo, por lo que no puede ser tenida en cuenta.
Pero más allá de lo ocurrido con ese testimonio, la Audiencia de Las Palmas entiende que los supuestos delitos que se atribuyen a los procesados se basan en el hecho que el Ayuntamiento de Mogán optó por reconducir sus diferencias con las empresas de Luis Oller hacia una mediación, con la que derivó en un acuerdo luego validado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gran Canaria.
«No puede considerarse contraria a derecho la pretensión de reconducir a un cauce de diálogo y entendimiento la solución de las diferencias que surgen entre las partes de un procedimiento judicial», responden los magistrados a la acusación ejercida por Isabel Santiago, que tachaba ese acuerdo de «amaño».
La Audiencia remarca que «todo proceso de solución amistosa o consensuada de un conflicto implica una renuncia recíproca por ambas partes a la integridad de sus pretensiones iniciales, al mismo tiempo que con la solución que llegue a alcanzarse se obtienen otros beneficios no mensurables en términos económicos, como la seguridad jurídica o el adelanto del cobro de un crédito».
«Como ya hemos indicado, a través de la mediación judicial se determinó de manera definitiva la fecha en la que el Ayuntamiento de Mogán tenía por recibida la obra de la urbanización Loma II, y este hecho supuso un indudable logro para los residentes en la misma, ya que contaban con una administración pública que garantizase la correcta prestación de los servicios públicos en su barrio», añade.
Desde ese planteamiento, el tribunal sostiene que no hay indicios suficientes para procesar a los denunciados por prevaricación, ni tampoco por malversación o tráfico de influencias.
La Audiencia de Las Palmas reconoce que para el sobreseimiento provisional de este procedimiento «ha sido determinante» que la testigo principal de la Guardia Civil se acogiera a su derecho a no declarar al ver que la citaban como investigada.
«No sabemos el alcance de lo que hubiera manifestado (esa funcionaria municipal) ante el Juzgado en caso de que se le hubiera oído en calidad de testigo, pero tampoco podemos descartar un escenario en el que se aportaran nuevos indicios incriminatorios contra los investigados, con base en los cuales el Juzgado decidiera la reapertura de las actuaciones, decretando por el contrario el archivo definitivo del procedimiento para con la señora P.
, para proceder a continuación a recibirle declaración testifical», añade.
En un comunicado, la alcaldesa Onalia Bueno expresa su «hartazgo» ante la forma de actuar de Nueva Canarias.
«El Derecho Penal no está para dirimir disputas políticas ni para alimentar vendettas personales», afirma, instando a los integrantes de Nueva Canarias en Mogán a «dejar de abusar del aparato judicial con fines claramente políticos».
Bueno recuerda que ya son cinco las causas archivadas en las que era acusada por NC de diferentes delitos, en una postura que califica de «clara persecución política basada en suposiciones, hipótesis y acusaciones sin fundamento».
«La Justicia ha vuelto a desmontar un burdo intento de convertir una gestión legítima y transparente en un delito», apunta.
EFEjmr