Santa Cruz De Tenerife, 25 jul (EFE).
– La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado el recurso presentado por dos condenados a 12 años y medios y 10 años de prisión tras ser detenidos en un barco que transportaba 2,2 toneladas de cocaína que fue trasladado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria en agosto de 2023.
A cada uno de ellos se les obliga a pagar multas que suman 155 millones, el doble del valor de la droga incautada.
En la imposición de las penas se tuvo en cuenta la importante cantidad que cargaban, el uso de embarcación con este fin y que un acusado era reincidente en el mismo delito.
Uno de los detenidos llegó el 10 de junio de 2023 a Brasil, donde permaneció 33 días, regresó el día 15 de julio y el 25 zarpó rumbo al Atlántico con el velero de bandera de Polonia que luego cambió por otra holandesa y con el sistema de localización apagado.
A unas 1.
200 millas de Canarias fue interceptado.
Las investigaciones apuntaban a que cuando estuviera más cerca de las islas haría el traspaso de droga a otro barco cuyo destino final era Valencia, para distribuirla por Europa.
A las seis de la madrugada del 24 de agosto se procedió al abordaje y en una primera inspección se detectaron un total de 89 bolsas de deporte, cada una de las cuales contenía 25 paquetes de un kilo, cuyo valor era de casi 36.
000 euros y una pureza del 93 por ciento.
Tras hundir el barco dado su mal estado, los encausados y la droga fueron trasladados al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Dentro de la embarcación se encontraron diversos dispositivos para comunicarse con el resto de la organización integrada por una decena de personas que estaban en otros países.
Los recursos de ambos iban en el mismo sentido al alegar que las autoridades no contaron con la autorización del Estado para abordar el pabellón del buque.
La respuesta de la AN es que no haber cumplido con este requisito no anula las actuaciones ni supone la inutilización de la prueba.
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