El Parlamento acuerda prorrogar la moratoria para conceder licencias para VTC

Actualiza la TF3004 para ampliar la información con el consejeroSanta Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).

– El pleno del Parlamento canario ha aprobado este miércoles el dictamen de comisión que modifica de forma urgente la ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en el que se prorroga por un año la concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor (VTC).

El pasado año se acordó que la concesión de licencias para vehículos de transporte con conductor en Canarias, donde están pendientes unas 9.

000, se supedita a criterios ambientales y de sostenibilidad y carga del tráfico, y la decisión dependerá de los cabildos.

La ley se aprobó en 2007 y su modificación es consecuencia de un decreto ley que el gobierno canario aprobó el pasado año para adaptar la legislación autonómica a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de junio de 2023 que terminó con la proporción de una licencia de VTC por cada 30 taxis, y abrió la vía a criterios ambientales y de gestión.

Tras la aprobación, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha hecho público un comunicado en el que explica que el texto tiene novedades como «la seguridad jurídica, delimitando las solicitudes de autorizaciones VTC».

Indica el consejero que se evitan situaciones de incertidumbre y se favorece la gestión eficaz de los expedientes, y los cabildos contarán con un año más para establecer criterios de capacidad de carga, calidad del aire, tráfico y equilibrio del espacio público que permitan gestionar autorizaciones en función de la realidad insular.

También se tendrá en cuenta la protección del taxi como servicio público esencial, reconociendo su papel estructural dentro del sistema de movilidad de Canarias, integrándolo en la planificación y reforzando su régimen tarifario y de calidad.

En el comunicado del consejero y de la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, se dice que la nueva norma incorpora «mejoras sustanciales para hacer más eficiente y transparente el funcionamiento del sector, entre las que destaca la clarificación de la hoja de ruta para los servicios discrecionales».

También subrayan entre esas medidas «la obligación de uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos; la adaptación íntegra al Reglamento Europeo 1071/2009, unificando requisitos para el acceso a la profesión; la exclusión de autocaravanas de uso recreativo; la inclusión del transporte a la demanda, no contemplado en la ley original, y la participación de empresas con más de 200 trabajadores en la movilidad sostenible de sus plantillas».

La nueva norma incorpora, además, «medidas contundentes para mejorar el cumplimiento de la ley endureciendo el régimen sancionador contra el transporte ilegal», prosigue la nota de prensa.

Fernández ha hecho hincapié en que «esta modificación legislativa no es solo una actualización técnica, es un avance histórico y una apuesta firme por una movilidad responsable, segura y adaptada a la realidad canaria.

Avanzamos hacia un modelo más equitativo, que protege a los sectores esenciales y garantiza un transporte digno y eficiente para toda la ciudadanía».

En la sesión de este miércoles se rechazaron las enmiendas de Vox, cuya diputada Paula Jover ha criticado que se actúa en función de una «religión climática», y se aceptaron algunas propuesta de Nueva Canarias-Bloque Canarias, formación de la que Esther González ha cuestionado que se olvide a los usuarios y su derecho a elegir el medio de transporte que más les satisfaga.

El diputado del grupo Socialista Marcos Bergaz ha pedido que se aproveche el tiempo para que dentro de un año no sea preciso prorrogar la moratoria.

El dictamen de modificación afecta a otros aspectos de la ley y los diputados están de acuerdo en que sería pertinente contar con una nueva ley del transporte por carretera.

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