Las Palmas de Gran Canaria, 7 jul (EFE).
– Los trabajadores del centro para menores con medidas judiciales de La Montañeta, en Gran Canaria, piden mejoras salariales y que se les considere figuras de autoridad para frenar el elevado número de agresiones que aseguran que sufren por parte de los internos.
«Cada vez sufrimos más agresiones, los menores cada vez tienen más trastornos mentales, muchos son de perfiles psiquiátricos y nos agreden con bastante facilidad porque nunca pasa nada, a pesar de que haya denuncia», ha asegurado la presidente del comité de empresa del centro de La Montañeta, Estefanía Grau, durante una concentración ante el Gobierno de Canarias para exigir mejoras laborales.
Tras la pandemia, los trastornos mentales ha aumentado entre los menores internos con medidas judiciales en el centro de La Montañeta, con depresiones, conductas autolesivas y suicidas y agresiones, a lo que se une el consumo de sustancias, que agrava la situación.
«Hace 20 años, eran más violentos pero más respetuosos.
Los menores actuales son más psiquiátricos, no se piensan las cosas, te pegan, te rompen la nariz o un brazo, te sacan un pincho porque sí, no se lo piensan.
Esa es la diferencia, que ahora es muy barato pegarnos», ha opinado Grau.
«La multa por hincharte un ojo o por romperte un tabique es de 60 o 200 euros.
No les ponen nada más», ha asegurado.
Según ha indicado, un profesor de la Consejería que da clase es figura de autoridad, los maestros son figura de autoridad, pero los educadores, que están dentro del aula con el profesor, no lo son.
En caso de que la agresión se produzca contra una figura de autoridad, la pena supone un año más de reclusión, por lo que los menores tienen en cuenta las consecuencias.
«Todos cobramos un pequeño plus de peligrosidad nada más entrar al centro, pues qué menos que ser todos figuras de autoridad», ha razonado Grau.
Los 200 trabajadores del centro de La Montañeta piden también que les devuelvan el 5 % de salario que les redujeron en 2010 junto a los funcionarios y personal laboral, un recorte que se eliminó para esos grupos pero no para ellos.
También piden que su salario se equipare al de los trabajadores de centros similares en la península, que cobran unos 1.
000 euros mensuales más.
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