Santa Cruz de La Palma, 12 jun (EFE).
– La comisión promotora de la iniciativa legislativa popular de una Ley de Volcanes ha expresado este miércoles su preocupación por el estancamiento del texto en el Parlamento de Canarias, cuando se cumple un año desde que se aprobara por unanimidad su tramitación.
La propuesta, surgida desde la ciudadanía afectada por la erupción del Tajogaite en La Palma en 2021, busca establecer un marco jurídico que garantice una recuperación justa, digna y en tiempo razonable para quienes sufran catástrofes volcánicas, y contó con el respaldo de cerca de 20.
000 firmas recogidas en todas las islas.
El 12 de junio de 2024, el Parlamento canario dio luz verde a su tramitación con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, aunque la comisión promotora ha denunciado que el proceso “se ha empantanado en la batalla partidista y la falta de voluntad política”, a pesar de que el texto incorpora las modificaciones requeridas por el Consejo Consultivo de Canarias.
Los promotores han señalado que la futura ley debe tener efectos retroactivos en aquellos aspectos que resulten más beneficiosos que los decretos-ley vigentes sobre reconstrucción, y han advertido de que no sería comprensible que una normativa impulsada desde la población afectada no beneficie directamente a quienes vivieron las consecuencias del volcán.
Además, consideran que retrasar su aprobación supondría “un acto de irresponsabilidad política”, recordando que Canarias es un territorio expuesto a riesgos volcánicos y carece de un marco legislativo específico que regule de forma integral la respuesta ante estas catástrofes.
La iniciativa también cuenta con el respaldo de la comisión parlamentaria de estudio sobre la erupción del volcán Tajogaite, cuyas conclusiones recomiendan explícitamente dotar a la comunidad autónoma de una ley que mejore los procesos de recuperación y garantice derechos.
Por ello, la comisión promotora ha hecho un llamamiento a la Mesa del Parlamento y a los grupos parlamentarios para que actúen con “altura de miras y consenso”, y eviten que las víctimas de futuras catástrofes enfrenten el mismo vacío legal que, a su juicio, “agravó el sufrimiento de quienes perdieron su hogar, o su modo de vida tras el desastre de 2021”.
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