Santa Cruz de Tenerife, 30 abr (EFE).
– Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, han rechazado una proposición no de ley del PSOE en la que se apremiaba al ejecutivo regional a firmar los convenios con los cabildos para la prestación de servicios para personas dependientes, mayores y discapacitadas.
El motivo de ese voto negativo, según han esgrimido sus diputados, es la negativa del PSOE a exigir un «frente común» para exigir del Estado una cofinanciación mayor que el 22% actual, además de que el Gobierno regional está trabajando en «una reforma profunda» del sistema, que tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2025.
La diputada socialista Elena Máñez ha sostenido que los cabildos llevan más de cuatro meses sin esos convenios, y se encuentran en «una situación límite» y de inseguridad jurídica en lo que a la prestación de estos servicios se refiere.
Ha recordado que en la anterior legislatura, cuando se prorrogaron los convenios, se llegó a un acuerdo con los cabildos en diciembre, tras la celebración de «numerosos encuentros técnicos y políticos», y entraron en vigor en agosto del año siguiente.
También ha rememorado que cuando se le advirtió a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, de la expiración del convenio a finales de 2024, ésta dijo que si no había acuerdo con los cabildos se haría una nueva prórroga, cuando no se podía.
Máñez ha enfatizado que el pasado enero hubo una reunión y desde entonces no se celebró otra hasta la semana pasada, después de, entre medias, que la directora general de dependencia la desconvocara «por problemas de agenda».
Además de los plazos, la diputada del PSOE ha criticado el contenido de algunas propuestas del Gobierno de Canarias en su negociación con los cabildos, como la pretensión de dejar de financiar el 100% del gasto de personal y rebajar el del transporte.
Pero, sobre todo, ha discrepado con la reserva de un 20% de las plazas sociosanitarias para pacientes con alta médica que ocupan una cama hospitalaria.
Sobre esta cuestión, Natalia Santana, de Nueva Canarias, ha criticado que el Gobierno de Canarias pretenda «arreglar con trampas y chapuzas» esta situación, «vulnerando los derechos» de personas que llevan años en listas de espera.
Santana ha indicado que, «por primera vez», los trabajadores del sector «han alzado la voz» para decir que «no pueden más» y que la situación de los servicios sociales ha empeorado con el gobierno de CC y PP, lo cual lleva la firma de «Clamínguez, mitad Clavijo, mitad Domínguez, dos almas gemelas que se han encontrado en el camino político con único objetivo de gobernar a los suyos y destrozar el estado de bienestar».
En representación de los grupos que apoyan al gobierno regional, Jana González (CC) ha argumentado que se encargó un estudio externo para analizar el aumento del coste de la prestación de estos servicios y que el ejecutivo canario está «en el camino de la firma de estos convenios» con los cabildos.
González ha criticado que el PSOE se niegue a incluir en su proposición no de ley una petición a la administración central de que los sistemas financieros se ajusten a las necesidades de la dependencia en Canarias y al número de prestaciones, y ha recordado que en algunas comunidades el Estado cubre hasta el 40%.
María Isabel Saavedra, del PP, ha discrepado de la «urgencia artificial» y la «supuesta dejación de funciones» por parte del Gobierno de Canarias que alega la oposición en esta iniciativa parlamentaria, cuando detrás hay «meses de trabajo» para renovar estos convenios.
«No es cierto que no se ha hecho nada», ha asegurado Saavedra, quien le ha indicado a la diputada de NC que «es mejor para una comunidad autónoma un matrimonio bien avenido que los divorcios que cada día» se producen en esta formación política.
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