Santa Cruz De Tenerife, 23 abr (EFE).
– El sindicato CCOO considera que el Decreto Ley para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas aprobado el lunes por el Consejo de Gobierno de Canarias «esconde una propuesta de desviación de los controles públicos sobre el suelo».
Según ha informado la organización sindical en un comunicado este miércoles, pese a que se intente «vender» con el espíritu de la agilización del trámite de las licencias de obra, lo que se esconde es una externalización de la actividad de control que la administración pública tiene sobre el territorio, y en especial los municipios.
Ello sucede, según CCOO, porque se trata de sustituir los informes técnicos elaborados por funcionarios con controles y garantías por la redacción de dichos documentos por parte de empresas privadas o colegios profesionales.
Para el sindicato, esto implica «pura poesía para la especulación y la desvertebración del control público» sobre la planificación urbanística, un problema «mayúsculo» que afecta a toda la población.
Se trata además de un Decreto ley «que esquiva el trámite parlamentario ordinario y evita toda referencia a la reforma de la Ley del Suelo» que está iniciando su trámite legislativo, prosigue CCOO.
En su opinión esta actividad que se pretende delegar sobre el control privado «parece obedecer más a intereses de la patronal de la construcción que a un Gobierno que una vez más hace oídos sordos a los problemas reales» de la ciudadanía por la falta de acceso a la vivienda.
Además, insiste, en el propio decreto se reconoce que el principal problema es la escasa dotación de personal, de medios técnicos y humanos y por ello «sale por la tangente y busca un modelo que sigue favoreciendo la depredación del territorio y externalizar servicios que deben ser cien por cien públicos, adelgazando la administración pública, vaciando de funciones a los empleados públicos y abriendo el pastel jugoso para los intereses del capital privado».
Por ello CCOO exige una rectificación urgente al Gobierno de Canarias para revertir un Decreto ley que podría ir contra normas básicas del Estado, pues el control del suelo «no puede quedar al albur de que los ayuntamientos permitan emitir a empresas privadas licencias urbanísticas que pueden soslayar el control que el Estado debe garantizar».
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