Las Palmas de Gran Canaria, 16 nov (EFE).
– La Federación de Enseñanza de CCOO Canarias ha advertido este lunes de que la Ley de Autoridad Docente «quedará en papel mojado» si la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no la dota de presupuesto real y reduce la burocracia, según ha informado en un comunicado.
Tras la entrada en vigor este jueves de la norma, CCOO ha valorado su aprobación en el Parlamento canario por considerarla «un paso necesario para blindar jurídicamente a los equipos docentes», pero ha hecho hincapié en que sin financiación garantizada ni recursos humanos en las aulas se quedará en una «mera declaración de intenciones».
La ley debe garantizar con personal, recursos y medidas concretas qué ocurre cuando un docente tiene un conflicto, sufre una agresión o es objeto de amenazas, según CCOO.
En opinión del sindicato, la autoridad docente «no se decreta; se construye desde un respaldo estructural y tangible que garantice el respeto, el prestigio y la legitimidad ante alumnado, familias y sociedad» y para ello es preciso «una apuesta efectiva» por unas condiciones laborales dignas, recursos económicos y materiales y un reconocimiento social real del profesorado.
CCOO ha recordado que las «eternas demandas» de la comunidad educativa siguen sin atenderse (reducción de ratios, menor carga burocrática, estabilidad en el empleo y salud laboral), por lo que ha considerado que «difícilmente podremos hablar de dignificación y autoridad docente».
La Federación de Enseñanza de CCOO Canarias ha explicado que, si bien la ley recoge algunas demandas del colectivo como consecuencia de sus denuncias sobre el aumento de las agresiones, el ciberacoso o el desgaste profesional en los centros de Canarias, «resultan evidentes importantes carencias estructurales que la administración educativa debe corregir de inmediato».
CCOO ha exigido a la Consejería de Educación una financiación finalista y un calendario de ejecución, ya que entiende que «no es admisible que medidas como el desarrollo real de la carrera docente, las mejoras retributivas o la creación de unidades especializadas de asesoramiento queden supeditadas a las disponibilidades presupuestarias».
En opinión del sindicato, se debe contar con una memoria económica vinculante en los próximos presupuestos autonómicos.
En cuanto a la carga burocrática, ha demandado la simplificación de los protocolos actuales y una dotación suficiente de personal administrativo en los centros, además de medidas efectivas de convivencia y bajada de ratios.
En concreto, ha urgido a que se refuercen los departamentos de orientación y la dotación de personal socioeducativo en todos los centros de Canarias.
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