Santa Cruz De Tenerife, 11 nov (EFE).
– La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comenzará el 19 de noviembre el juicio con jurado popular por la muerte de un hombre en 2022 en Buenavista del Norte, para cuyo presunto autor la Fiscalía pide 25 años de prisión y una indemnización a los familiares de la víctima de 150.
000 euros.
El asesinato tuvo lugar el 8 de julio de 2022 en una carretera de este municipio aunque el posible autor no fue detenido hasta dos años más tarde.
El Ministerio Público mantiene que el acusado, debido a las desavenencias y mala relación que mantenía con la víctima, ideó un plan para acabar con su vida, ya que se negaba a abandonar el domicilio, que era propiedad del encausado, y las deudas que tenía con él por asuntos de drogas.
En la madrugada de ese día el acusado se introdujo en un vehículo que había alquilado en el aeropuerto norte, tal y como había hecho en otras ocasiones, y condujo desde su casa en Los Silos hasta una gasolinera situada en Buenavista del Norte, a donde llegó sobre las doce y media de la noche.
La Fiscalía cree que el supuesto autor del crimen sabía que la víctima no se encontraba todavía en su casa sino en otra en la que había permanecido la tarde-noche y, como conocía la ruta que debía recorrer, sobre la una menos cuarto de la madrugada empezó a buscarlo.
Unos cuarenta minutos más tarde lo avistó caminando por la carretera y lo interceptó cerca del desvío de la balsa de Taco, conversó con él y luego continuó su marcha en el vehículo hasta detenerlo y finalmente golpearle luego cuatro veces con una piedra de grandes dimensiones por la espalda.
La víctima tampoco pudo defenderse porque tenía sus capacidades defensivas anuladas debido al consumo de estupefacientes y estaba en un lugar deshabitado y sin luz, en el que nadie podía socorrerlo, y falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.
A fin de borrar cualquier rastro biológico y dificultar el reconocimiento del cuerpo y circunstancias de la muerte, el acusado habría usado una garrafa de gasolina que llevaba en el coche con la que roció el cadáver y le prendió fuego carbonizando la parte superior.
El procesado había sido condenado anteriormente a un total de seis años y medio por violencia de género, resistencia a la autoridad, falso testimonio y robo con violencia, y no sería detenido hasta dos años más tarde.
Durante las distintas sesiones del juicio han sido llamados a declarar una veintena de particulares, una quincena de guardias civiles y otros tantos peritos y se mostrarán pruebas como garrafas de gasolina encontradas en su casa, grabaciones telefónicas y videos.
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