Santa Cruz De Tenerife, 9 nov (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un nuevo decreto-ley de medidas complementarias para La Palma que incluye cambios en las disposiciones referentes a urbanismo, agricultura y vivienda, en este caso para realojar a las personas que aún habitan en contenedores.
Así, la norma modifica cuatro disposiciones legales aprobadas tras la erupción volcánica de 2021 con el fin de atender determinadas situaciones surgidas durante su aplicación, especialmente en lo relativo al alojamiento de las personas damnificadas, la reconstrucción de edificaciones, la ordenación del territorio y el restablecimiento de las actividades económicas y agrarias afectadas.
Entre las novedades se encuentran la posibilidad de trasladar a las familias aún alojadas en viviendas prefabricadas a otras de carácter convencional, nuevas condiciones para la reubicación de edificaciones y explotaciones agrarias, compensaciones para determinados propietarios afectados por la futura ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y la regulación de la transmisión de explotaciones plataneras a otros productores.
En materia de vivienda, el decreto-ley contempla que las personas que actualmente residen en casas prefabricadas (casas contenedor o de madera) puedan ser trasladadas a viviendas convencionales promovidas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo o los ayuntamientos, siempre que mantengan los requisitos que determinaron su realojo, conservando esta ocupación su carácter temporal hasta que se produzca la adjudicación definitiva conforme a la legislación aplicable.
Asimismo, se modifica la regulación sobre segregación de parcelas en suelo rústico para contemplar expresamente aquellos supuestos en los que la vivienda ya se encuentre construida, permitiendo segregar la superficie edificada del resto de la parcela a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Una de las novedades recogidas en el Decreto-ley es el establecimiento de una compensación económica complementaria para las personas cuyas propiedades queden definitivamente incluidas en la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y que, como consecuencia de esta protección, no puedan reconstruir en sus parcelas originales, de modo que la cuantía se determinará atendiendo al valor de compraventa de terrenos aptos para la reconstrucción dentro de la colada y al uso que tenían los inmuebles antes de la erupción.
Para estos propietarios también se contempla la posibilidad de reubicar las construcciones, instalaciones y actividades existentes antes del volcán en otros terrenos de la isla, tanto dentro como fuera de la colada, extendiéndose además hasta el 31 de diciembre de 2030 la vigencia del régimen especial previsto en el Decreto-ley 1/2022 para las personas comprendidas en estos supuestos.
En relación con las actividades económicas, la norma incorpora una regulación específica para los inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos por la erupción, cuyos propietarios podrán reubicar las edificaciones en otras parcelas de La Palma sobre las que dispongan de derechos suficientes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
En materia agraria, la nueva norma modifica las condiciones de reubicación de las explotaciones afectadas por la lava contemplando distintos supuestos que permiten trasladarlas a otras parcelas dentro de la colada y, cuando se cumplan los requisitos establecidos, a terrenos agrícolas situados en otras zonas de La Palma, incluyendo las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad.
Entre las modificaciones se encuentra también la regulación de la transmisión de explotaciones plataneras afectadas por la erupción a otros productores, que podrán asumir los derechos y obligaciones de sus anteriores titulares, incluidas las cantidades de referencia correspondientes a las explotaciones y las ayudas del Posei, en los términos previstos por la normativa aplicable.
En estos casos, los adquirentes deberán comprometerse a restablecer la actividad agraria en un plazo de dos años y mantener posteriormente las explotaciones en producción durante un mínimo de cinco años, estableciéndose igualmente las condiciones para su reubicación y la imposibilidad de acumular las cantidades de referencia de la finca afectada con las correspondientes a la nueva parcela.
El Decreto-ley modifica igualmente el régimen de actualización de los anexos territoriales y agrarios, contemplando que las consejerías competentes puedan adaptar la zonificación a la evolución de las condiciones de la colada, de acuerdo con los informes del Cabildo de La Palma tanto en lo relativo a las zonas de reconstrucción como a las áreas destinadas a la actividad agraria.
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