Santa Cruz De Tenerife, 9 nov (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto ley con los requisitos mínimos de uso turístico de vivienda como actividad clasificada a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que ejerce esta competencia.
El decreto ley modifica las leyes de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y de ordenación territorial de la actividad turística de las Islas Verdes «clarificando el régimen aplicable y el impulso de medidas recogidas para estas islas», según ha informado en rueda de prensa la consejera Nieves Lady Barreto.
Con su aprobación, el Gobierno de Canarias completa y clarifica aspectos esenciales del marco regulatorio de las viviendas vacacionales, estableciendo requisitos técnicos concretos, ampliando los plazos de adaptación y contemplando soluciones específicas para las realidades diferenciadas de las islas.
El objetivo es facilitar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de regulación turística y aportar seguridad jurídica a los titulares de viviendas vacacionales y a las administraciones responsables de su ordenación y control, ha añadido Barreto.
Para ello se establece un periodo de adaptación que permita compatibilizar las nuevas exigencias normativas con la continuidad de la actividad económica.
Así, la nueva regulación fija el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los titulares de viviendas vacacionales para acreditar el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas.
Entre los requisitos figuran los planos de situación y distribución de la vivienda, fotografías del inmueble, documentación relativa a la primera ocupación, acreditación de la seguridad estructural cuando corresponda y medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación.
También se establecen exigencias específicas para las viviendas que dispongan de piscina y para las condiciones de acceso.
Estos requisitos servirán igualmente para las nuevas viviendas que pretendan iniciar la actividad turística mientras no se apruebe la normativa técnica definitiva.
Una de las principales medidas es la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 del plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada.
Esta medida afecta a quienes ya desarrollaban la actividad antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y tienen pendiente completar su regularización administrativa.
La ampliación responde a la necesidad de concretar los requisitos técnicos exigibles y garantizar que los propietarios dispongan de las condiciones necesarias para cumplir sus obligaciones, evitando que la falta de desarrollo normativo pueda impedir el ejercicio de los derechos reconocidos en el régimen transitorio.
El decreto ley establece que las viviendas vacacionales que no cumplan con la obligación de regularización dentro del plazo previsto podrán continuar desarrollando su actividad durante cinco años adicionales y, transcurrido ese periodo, deberán cesar en el uso turístico.
Por otra parte, la norma refuerza las funciones de comprobación e inspección de los ayuntamientos y cabildos insulares.
De esta manera, los ayuntamientos deberán aprobar y comenzar a aplicar sus planes de comprobación y control en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas.
Estos planes tendrán una duración máxima de cuatro años.
Asimismo el Gobierno refuerza el tratamiento específico de El Hierro, La Gomera y La Palma, reconociendo la aplicación directa y preferente de la Ley de ordenación territorial de la actividad turística en estas islas.
Para ello el decreto ley aprobado este lunes establece que las determinaciones territoriales y urbanísticas no serán aplicables en las Islas Verdes hasta el 13 de diciembre de 2030, respetando durante este periodo el régimen especial vigente.
El decreto ley incorpora también una medida específica para las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de 2021 en La Palma, de manera que estos inmuebles podrán reconstruirse y recuperar su actividad turística conservando su signatura y los derechos inherentes, sin que les resulte exigible el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva Ley.
Además, se reconoce la antigüedad y la situación jurídico-urbanística de las viviendas originales, salvo que la nueva ordenación resulte más favorable.
Esta medida evita que la nueva regulación se convierta en un obstáculo añadido para la recuperación económica y social de las personas afectadas por la erupción.
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