Las Palmas de Gran Canaria, 5 nov (EFE).
– Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aliados con la plataforma Derecho al Techo han criticado este jueves los problemas de vivienda que afectan a alumnos y también a profesores de la institución académica, y que hacen necesario, a su entender, que la comunidad educativa secunde la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
En un comunicado, los denominados comités de organización de la huelga del 11 de noviembre, reprochan por ello la postura ante la convocatoria de paro de las autoridades de la ULPGC, de los representantes sindicales de sus trabajadores y, en especial, del Consejo de Estudiantes, a quienes acusan de no secundar la protesta o dificultar que sea secundada por personal y alumnado.
El cual «lleva años reclamando mejoras en las residencias universitarias y condiciones dignas para poder estudiar y vivir», en un contexto en que «la precariedad habitacional afecta también al profesorado, especialmente a quienes deben desplazarse entre islas o desde otros territorios para incorporarse a sus puestos de trabajo», destacan.
Desde ese planteamiento, cuestionan el hecho de que, según afirman, «la universidad no ha informado adecuadamente sobre la convocatoria y se han presentado solicitudes formales al Rectorado y enviado hojas de firmas para acogerse al paro académico sin recibir respuesta», así como que «el Consejo de Estudiantes se niega a secundarlo, sin que se hayan explicado públicamente los motivos de esta decisión».
Los comités matizan que «quieren dejar claro que no estamos ante un profesorado indiferente o desmovilizado», sino que «hay docentes que participan activamente en la organización de la huelga y en espacios de coordinación con el estudiantado».
La razón es que -sostienen- «la vivienda también es un problema educativo, porque condiciona quién puede estudiar, quién puede desplazarse para trabajar y quién puede permanecer en su isla».
Apostillando que, «por eso, la huelga del 11N debe entenderse como una reivindicación del conjunto de la comunidad educativa».
Y exigiendo, con esos argumentos, que Rectorado y Vicerrectorado de Estudiantes «atiendan las solicitudes del alumnado y garanticen información y participación en el paro académico», que el Consejo de Estudiantes «explique su negativa a secundar la convocatoria» y las organizaciones sindicales » se impliquen en la defensa de las condiciones de vida y trabajo del profesorado».
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