MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) –
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que la Comunidad de Madrid iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno los gastos en los que ha incurrido tras la acampada ilegal en la Puerta del Sol, que se desalojó finalmente este martes.
Según ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Puerta del Sol ha estado secuestrada durante 38 días, por lo que se ha analizado el impacto negativo que ha tenido en los comercios, con pérdidas superiores a los 30 millones y que han amenazado al empleo.
Además, se ha referido a la afectación que ha tenido sobre Metro de Madrid, con 494.000 viajeros menos y un coste económico superior a los 750.000 euros teniendo en cuenta los menores ingresos y los mayores gastos de la acampada en concepto de refuerzo de seguridad y limpieza principalmente.
La Puerta del Sol vuelve poco a poco a la normalidad después de que la Policía Nacional y la Municipal de Madrid desalojaran la pasada madrugada a las cerca de 300 personas que aún permanecían en la acampada y que los servicios de limpieza hayan realizado labores de retirada de residuos.
Desde el pasado 26 de septiembre este espacio se había convertido en un punto de protesta contra el problema de la vivienda que estalló tras el desahucio de Maricarmen Abascal –la anciana de 87 años que fallecería días después en el Hospital Gregorio Marañón–.