Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).
– El Gobierno de Canarias confía en que el nuevo Ejecutivo que se conforme tras las elecciones generales del 29 de noviembre impulse una modificación de la Ley de Costas estatal, como demandan las comunidades autónomas, para que se respeten los núcleos costeros afectados por esa normativa.
Antes de reunirse con colectivos afectados por la Ley de Costas para presentarles el borrador de la futura ley canaria, el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha señalado a los periodistas que muchos de los perjudicados cuentan con sentencias firmes de demolición desde hace 20 años y que es preciso una solución que el Ejecutivo central no ha dado.
Además, ha indicado que con esta reunión se pretende dar la oportunidad a los afectados para que puedan efectuar aportaciones a la futura ley, que el Gobierno canario se propone presentar a la Mesa del Parlamento antes de las elecciones autonómicas del mes de mayo.
Acosta ha explicado que el capítulo 7 del borrador de la futura ley está dedicado a la conservación de los núcleos costeros existentes en el litoral y establece las líneas para su ordenación y conservación, con la dotación de servicios públicos; la legalización en el marco de la Ley Estatal que se pide que se modifique; y disponer de un censo de núcleos existentes en el litoral canario y del número de personas que residen en ellos.
Para ello, se ha encomendado a la empresa pública Grafcan un estudio detallado para disponer de esa información, ha añadido.
Así mismo, ha dicho que estos núcleos no pueden crecer y que en caso de que se deba proceder al derribo de alguno se debe garantizar la ubicación en un entorno cercano para evitar el desarraigo de estas personas, como se propone en el borrador.
Acosta ha advertido también de que una nueva sentencia del Tribunal Constitucional sobre La Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana «cambia el escenario» en cuanto a que da la razón al Gobierno central al declarar inconstitucionales varios de sus artículos.
En este sentido, ha remarcado que el borrador de la futura norma canaria «va bien armado» con argumentos para poder legalizar esos núcleos tomando como referencia la ley estatal», pero también con la idea de que es preciso modificarla para dar agilidad a esa legalización».
La sentencia dictada sobre la ley valenciana «cambia el panorama de algunas de las líneas que queríamos trabajar, pero no la defensa de los intereses de los núcleos costeros canarios», ha subrayado.
Acosta ha recordado que la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas se creó en 2016 pero lo perjudicados que están representados no son todos, integra a cuatro asociaciones pero hay más, y lo que se pretende es abrirla para que puedan asistir como oyentes.
«Son familias y colectivos que llevan viviendo en estos núcleos costeros muchos años con un exquisito trato del litoral» porque residen en ellos y viven con la «espada de Damocles» sobre ellos por las sentencias de demolición dictadas.
El representante de la Asociación de Afectados Playa Garza, de la playa Ojos de Garza de Telde, en Gran Canaria, Marcos Pérez, ha manifestado que son conscientes de que la situación de sus viviendas es «delicada» y cuentan con «pocas garantías» de que puedan mantenerlas, por lo que esperan de este borrador una «oportunidad histórica para poder afianzarlas».
«Somos barrios con sentimientos, familias y arraigo y esperamos la mejor solución, que es permitir que los asentamientos continúen en la zona donde están», según Pérez, que ha confiado en que se encuentre la mejor solución para todos y con «consenso, dentro de la legalidad», pero que también se respeten los setenta años que llevan viviendo en esos lugares.
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