Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).
– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cree que la causa penal abierta por delitos de odio y lesiones cometidos presuntamente contra menores migrantes en centros de acogida gestionados para la comunidad la entidad Quórum Social 77 demuestra que «los controles funcionan».
Clavijo se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por la publicación de parte del sumario de esta investigación por parte del diario Canarias 7, con fotografías y vídeos que ponen de manifiesto los presuntos malos tratos que sufrían los usuarios de un centro de Quórum Social 77 ya clausurado, en su mayoría menores migrantes, a cargo de trabajadores de ese recurso.
Además de recordar que esa denuncia se remonta al momento en que Canarias tenía su red de acogida desbordada con más de 6.
500 menores migrantes y tuvo que recurrir al Tribunal Supremo para forzar al Gobierno central a intervenir, el presidente ha subrayado que esa investigación se puso en marcha precisamente por denuncias de la Consejería de Bienestar Social que dirige Candelaria Delgado.
El cierre de este centro, ubicado en Bandama, en la capital grancanaria, y que gestionaba esta ONG, fue acordado, según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Canaria, por la supuesta comisión en su interior de delitos de odio, lesiones, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución y contra la integridad moral y amenazas.
Sobre este asunto, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, ha expresado este martes la «extrema preocupación» del Gobierno canario «por lo que se va detallando» de la investigación que dirige el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria.
«Son situaciones que se dieron hace tiempo, cuando había 87 centros abiertos en Canarias, donde advertíamos ya de los graves problemas que estábamos teniendo para encontrar o estaban entendiendo las identidades sociales para encontrar personal adecuado con la formación que tiene que tener quien los atiende», ha referido.
Candil ha asegurado que a día de hoy estas situaciones «se han corregido gracias a la modificación de la Ley de Extranjería», que obliga al resto de comunidades autónomas españolas a compartir con Canarias, Ceuta y Melilla el esfuerzo de acogida de los menores.
El vicenconsejero ha recalcado que la realidad de este centro, detectada en inspecciones del Gobierno canario, «fue siempre puesta en conocimiento de la Fiscalía por parte de la Dirección General de Infancia».
Candil ha confiado en que en Canarias no vuelva a haber centros de este tipo con «300 o 400 menores», como llegó a darse en 2025, una «situación insostenible» que no permite garantizar su adecuada gestión, por lo que el archipiélago «insistió en que era necesario el traslado de esos menores a otras comunidades autónomas».
En la actualidad, y con el repunte de las últimas semanas, Canarias acoge a unos 2.
700 menores migrantes, «la situación es bastante distinta y esto está permitiendo tener el control de los centros y, sobre todo, que el personal que está atendiendo a estos menores tenga la formación y las actitudes que tiene que tener», ha destacado.
Mientras el procedimiento penal se instruye y a falta de sentencia, Quórum Social 77 sigue gestionando centros de este tipo en Canarias, según ha confirmado Candil.
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