Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).
– El 26,2 % de los hogares españoles encabezados por personas de entre 35 y 65 años y el 52,3 % de los de origen extranjero no alcanzan los ingresos mínimos exigidos para acceder a una vivienda protegida de promoción pública en Canarias, según los datos presentados este martes por Derecho al Techo y el Observatori DESCA.
Las entidades sostienen que los requisitos fijados en el Decreto 23/2026 del Gobierno de Canarias dejan fuera del sistema de vivienda pública a quienes tienen menos recursos económicos y han incorporado estos datos a la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que declare ilegal esta norma.
Según los datos facilitados por estas asociaciones, los límites de ingresos aprobados el pasado marzo por el Ejecutivo autonómico suponen la exclusión automática de 68.
144 hogares inquilinos en Canarias con ingresos netos mensuales inferiores a 1.
000 euros, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El análisis señala además que la exclusión afecta especialmente a las familias monomarentales, ya que el 41,76 % se encuentra en riesgo de pobreza, casi el doble que el resto de los hogares (21,59 %).
La demanda, presentada el pasado mayo y trasladada recientemente al Gobierno canario, cuestiona tanto el procedimiento de aprobación del decreto como sus consecuencias sociales y desarrolla diez motivos de impugnación.
Entre ellos, las organizaciones destacan la exigencia de acreditar doce años de residencia continuada en Canarias para acceder al registro de demandantes de vivienda protegida de promoción pública y cinco años de residencia o trabajo continuado en el municipio correspondiente.
«Esta medida sigue la línea de la llamada ‘prioridad nacional’ que los partidos de derecha y ultraderecha están imponiendo en otras regiones como Andalucía, Extremadura, Valencia o Murcia», han indicado las asociaciones en un comunicado.
De acuerdo con datos del Censo de Población de 2021 incluidos en la demanda, el 51,42 % de la población extranjera y el 14 % de la española no cumplirían el requisito de los doce años de empadronamiento.
Derecho al Techo y el Observatori DESCA consideran que esta medida perjudica especialmente a la población migrante, a trabajadores esenciales y las personas con mayor precariedad residencial.
«Asimismo esta exclusión afecta de forma indirecta a la infancia, ya que las estadísticas del INE confirman la presencia de hijos menores de 25 años a cargo en hogares de origen extranjero», agregan en la nota.
Las entidades también han impugnado la exclusión del registro de demandantes de personas que hayan ocupado una vivienda pública sin título habilitante, al denunciar que no se tienen en cuenta sus circunstancias de necesidad y vulnerabilidad y las sanciona por haber tenido que recurrir a la ocupación.
«Recordamos que hay familias que llegan a situaciones de ocupación después de sufrir un desahucio ante la falta de alternativas habitacionales por parte de las Administraciones Públicas», han dicho.
Derecho al Techo y el Observatori DESCA han denunciado una «parálisis absoluta de la promoción pública de vivienda» al señalar que Canarias registró entre 2014 y 2025 un total de 184 viviendas protegidas con calificación definitiva por parte del promotor público y que, según datos del INE de 2021, contabiliza 211.
452 viviendas vacías.
En ese sentido, han pedido al Gobierno de Canarias que «cumpla sus obligaciones legales y desarrolle un parque público suficiente».
«La vivienda protegida debe servir precisamente para garantizar el derecho a un hogar y promover la igualdad material, especialmente a quienes no pueden acceder al mercado, y no convertirse en un privilegio reservado a quienes cumplen unas condiciones económicas y administrativas cada vez más restrictivas», han manifestado.
En su demanda, las asociaciones han solicitado solicitado al TSJC que valore el decreto 23/2026 del Gobierno de Canarias conforme a los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos sociales, teniendo en cuenta el impacto de sus requisitos sobre los colectivos más vulnerables.
En su comunicado, han defendido que la respuesta a la crisis de vivienda pasa por aumentar el parque público, limitar la especulación, movilizar las viviendas vacías, garantizar alternativas habitacionales y establecer criterios de adjudicación proporcionados y compatibles con los derechos fundamentales.
«La vivienda pública debe estar al servicio de quienes más la necesitan, sin barreras discriminatorias ni exclusiones injustificadas», afirman.
EFEmrgz/as