Santa Cruz de Tenerife, 29 oct (EFE).
– El PSOE ha registrado un escrito en el Parlamento de Canarias para pedir la suspensión de la tramitación de la reforma de la Ley del Suelo y aplazarla a la próxima legislatura, al entender que el Gobierno de Canarias busca el «obstruccionismo» tras remitir un documento de 4.
708 páginas.
La diputada socialista Nayra Alemán ha lamentado este jueves, en la Comisión General de Cabildos de la Cámara regional, que el Ejecutivo ha entregado «un saco lleno de papeles y ahí te las compongas», aunque «sorprendentemente» a las 08.
48 horas ha registrado una corrección de errores y se han ordenado los documentos.
Alemán ha advertido de que la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos no es una norma cualquiera, puesto que va a ordenar el futuro de Canarias en los próximos 20 años y, sin embargo, ha lamentado, el Gobierno pretende tramitarla «en medio de los presupuestos y de las elecciones, cuando una ley estructurante merece tramitarse sin estas prisas».
El PSOE pide tiempo para estudiar bien la propuesta de reforma y las alegaciones presentadas por cabildos, ayuntamientos y particulares ya que, ha incidido Alemán, «podemos discrepar de los preceptos y defender otro modelo, pero en lo que no podemos dividirnos es en la necesidad de hacer bien este trabajo».
Por ello, ha «tendido la mano» al resto de portavoces para tramitar la reforma en la próxima legislatura, con una planificación adecuada y un debate profundo y sereno ya que, ha añadido, la presente legislatura va a terminar en meses, pero las decisiones sobre el territorio «van a permanecer durante décadas».
En el término «obstruccionismo» ha coincidido la diputada de NC-BC Esther González, para quien la entrega de un archivo de casi 5.
000 páginas es una forma calculada de obstaculizar el trabajo en un intento «deliberado» de impedir a la Cámara que pueda debatir con serenidad la Ley del Suelo.
Ambos grupos de la oposición se han manifestado de esta manera durante la presentación en la Comisión General de Cabildos de los proyectos de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias y de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos del archipiélago, ambos a propuesta del Gobierno regional.
Al respecto el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda (CC), ha defendido la necesidad de actualizar la Ley del Suelo nueve años después de su aprobación, para adaptarla a la nueva realidad demográfica y de vivienda, además de aportar mayor certidumbre jurídica.
En cuanto a la Ley de Movilidad Sostenible, el viceconsejero de Infraestructuras, Francisco González, ha aludido a novedades como los planes insulares de movilidad sostenible y la facultad de los cabildos para emitir informes vinculantes en este ámbito, además de poder delimitar zonas adecuadas para introducir el transporte a demanda.
Por los cabildos, el vicepresidente segundo del de Tenerife, José Miguel Ruano (CC), se ha mostrado sorprendido por la acumulación del debate de ambos proyectos de ley en una misma sesión parlamentaria, al tiempo que ha disentido de un informe remitido por el Cabildo de Gran Canaria -que no envió representantes a la comisión- en el que considera «una temeridad» la presentación de la reforma de la Ley del Suelo.
El Cabildo de Tenerife ha propuesto que se utilicen mecanismos previstos en la reforma, como los proyectos de interés insular estratégico, para la promoción de vivienda pública, ha añadido Ruano, quien también ha pedido que se habiliten espacios con los servicios necesarios para prácticas como el caravanismo.
En cuanto a la Ley de Movilidad, el Cabildo tinerfeño ha presentado alegaciones para «aclarar» el sentido de algunos artículos en los que considera que hay actuaciones que acomete la corporación insular que deberían corresponder al Gobierno de Canarias, y viceversa.
El consejero de Aguas del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández (CC), ha pedido que los cabildos tengan capacidad de decisión sobre los proyectos de interés insular, ha dicho que no está de acuerdo en eximir de licencias urbanísticas a los grandes proyectos audiovisuales y ha pedido mecanismos de protección del suelo agrario frente a las instalaciones de renovables.
En cuanto a la movilidad, ha solicitado el apoyo del Gobierno y concretar la financiación de la ley, pues se obliga a las corporaciones locales a un esfuerzo económico «importante».
El vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes (ASG), ha coincidido en la petición de una adecuada dotación de medios humanos y financieros para aplicar ambas leyes, al tiempo que ha solicitado que cada cabildo pueda decidir cómo ordenar la movilidad e su territorio.
En lo referente a la Ley de Movilidad el diputado socialista Marcos Bergaz ha coincidido en que debe disponer de una ficha financiera para que sea efectiva.
Para la diputada de NC-BC Esther González esta ley supone «un envoltorio de color verde, un catálogo de ideas hueco» porque deja la solución del colapso viario a futuros reglamentos, con plazos estrictos para cabildos y ayuntamientos y amenazas de sanciones a los operadores, mientras el Gobierno «se lava las manos» al carecer de ficha financiera.
Por el grupo mixto, Raúl Acosta, de AHI, ha pedido una delimitación clara de competencias y medios para actualizar la ley del Suelo, que ha apoyado, y Melodie Mendoza, de ASG, ha demandado medios técnicos para las corporaciones con menor capacidad administrativa.
Luz Reverón, del PP, ha alabado la actualización de la Ley del Suelo porque las normas deben ser instrumentos útiles al servicio de las personas y no un obstáculo para quien quiere emprender, invertir o acceder a una vivienda, sin perder de vista la protección del territorio.
La diputada nacionalista Socorro Beato se ha comprometido a tener en cuenta las aportaciones de los cabildos en este aspecto, y su compañero Jonathan Martín ha indicado que la ley de Movilidad busca la equidad entre islas, para compartir la necesidad de que debe contar con una financiación realista.
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