Las Palmas de Gran Canaria, 28 oct (EFE).
– La Guardia Civil ha desarticulado un entramado delictivo que robaba de forma sistemática desde el pasado mes de mayo en piscifactorías ubicadas en Castillo del Romeral, en Gran Canaria, para posteriormente vender de forma ilícita lubinas que tenían ciguatoxinas, elemento tóxico que es potencialmente grave para la salud.
Según ha informado este miércoles la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, el pescado que se obtenía ilícitamente en jaulas marinas era luego transportado para su comercialización por distintos puntos de la isla, donde se detectó esta potente neurotoxina que no se puede eliminar con el cocinado ni por congelación.
La denominada ‘Operación Seabass’ ha terminado con la investigación de cinco personas, tres personas autoras materiales del robo con fuerza en la piscifactoría y las dos personas al frente de los locales de restauración de las zonas de Puerto Rico y Playa de Mogán por delitos de receptación, acusadas de adquirir el pescado a sabiendas de que era sustraído.
El sospechoso que ejerce la titularidad del local de Mogán suma a sus cargos el mencionado delito contra la salud pública.
Asimismo, los indicios y datos de filiación recopilados en un tercer establecimiento ubicado en San Agustín, han sido trasladados a la Autoridad Judicial ante sospechas documentadas de descargas de pescado indocumentado, según ha informado la Guardia Civil.
Las pesquisas comenzaron el pasado mes de agosto, tras la interposición de una denuncia formal por parte de la empresa perjudicada ante los constantes robos y roturas de redes que sufría en sus viveros.
A partir de la información facilitada, los agentes del Equipo Roca, pudieron constatar la existencia de un grupo organizado compuesto por tres personas, que utilizaba dos embarcaciones semirrígidas para aproximarse a las jaulas marinas.
Mientras una de ellas vigilaba en la superficie, las otras dos se sumergían equipadas con fusiles de pesca submarina para capturar ilegalmente las lubinas de gran tallaje, perforando las redes a casi dos metros de profundidad, género que luego era transportado por carretera y distribuido de forma clandestina en establecimientos de restauración de las zonas costeras del sur de la isla.
La fase de explotación comenzó el pasado 22 de septiembre, cuando la Guardia Civil, en acción conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera y las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias, coordinó una inspección técnico-sanitaria urgente en los locales identificados.
En estos registros se retiraron un total de 40,2 kilos de lubinas de procedencia ilícita, capturadas de forma furtiva y carentes de cualquier tipo de etiquetado, factura o control de trazabilidad.
Además, el laboratorio confirmó un resultado positivo por presencia de ciguatoxinas, que constituye un peligro grave y directo para la salud de los comensales, lo que motivó la apertura de diligencias independientes por un delito contra la salud pública imputado directamente a la dirección del establecimiento.
La explotación de la operación culminó a mediados de octubre con las referidas cinco personas investigadas, no detenidas.
Ante estos hechos, la Guardia Civil y el Gobierno de Canarias han aprovechado para advertir del grave riesgo sanitario que supone adquirir o consumir productos fuera de los cauces legales de comercialización, al carecer de los controles que evitan intoxicaciones alimentarias por biotoxinas marinas.
Asimismo, han recordado la obligatoriedad de que todo producto pesquero destinado al consumo presente su lote y trazabilidad conforme a la Ley de defensa de la calidad alimentaria, único mecanismo que garantiza la seguridad y la salud de los consumidores.
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