Las Palmas de Gran Canaria, 22 oct (EFE).
– Dos compañeros de la Gerencia de Catastro de la oficina de Las Palmas del funcionario Jesús O.
M.
, uno de los acusados del ‘caso Catastro’, han afirmado este jueves ante la Audiencia Provincial que desconocían que hubiera problemas con la labor que desempeñaba y que era un buen empleado.
En esta nueva sesión del juicio que se sigue contra los tres procesados en una presunta red de estafas que se dedicaba a falsificar expedientes para apropiarse de 141 fincas rústicas, el jefe de área de Jesús O.
M.
ha indicado al tribunal que el gerente del Catastro era el que fiscalizaba los expedientes que tramitaban y que desconoce que se hubieran producido irregularidades.
Este testigo ha dicho que tuvo conocimiento de las supuestas irregularidades que se juzgan en 2016, cuando se produjo la detención del que fue su compañero durante 28 años, y que el día que se llevó a cabo el registro en la oficina de Las Palmas de Gran Canaria se encontraba en Madrid.
«No me lo esperaba, nunca había habido un problema en el Catastro», ha señalado en relación a la supuesta trama dedicada a la apropiación de fincas rústicas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en la que dos de los acusados han fallecido, Gustavo A.
G.
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R.
y Roque M.
M.
En relación a cómo se procedía en los expedientes de cambios de titularidad, ha explicado que, en ocasiones, cuando no había que dar audiencia, se podían tramitar en una mañana, pero que cuando se trataba de un documento de compraventa privada se enviaba una carta al interesado y se le daba un plazo de 15 días para contestar y, si no respondía, se procedía a la modificación.
Así mismo, ha apuntado que en los expediente de cambio de titularidad no se daba trámite de audiencia a los propietarios de las fincas colindantes.
En cuanto a las medidas que adoptó el gerente, tras la investigación que se inició, ha explicado que comenzó a adjudicar directamente los trabajos porque «no confiaba» y limitó sus actuaciones, si bien ha señalado que no recuerda cómo afectaron esas restricciones a Jesús O.
M.
En esta jornada también ha declarado otra jefe de área del Catastro de Las Palmas que fue compañera del funcionario acusado, con quien ha dicho que desempeñaban trabajos en común, pero no expedientes de cambio de titularidad, aunque ha puntualizado que se pueden resolver en un día.
Al igual que el anterior testigo, ha manifestado que «a todos se les restringió» sus labores por «desconfianza del gerente» y que, ante la medida adoptada, tuvieron que pedir a los auxiliares que hicieran las funciones que se les había limitado.
«Había una investigación de la Guardia Civil y todos eran sospechosos», según les trasladó el gerente, ha señalado la testigo, quien ha referido que «todo el mundo estaba asustado».
El abogado que trabajó en la oficina de gerencia catastral propiedad del acusado José María C.
F.
y que, en un principio también figuró como imputado, ha declarado como testigo de la defensa, y ha indicado que fue empleado de «chico para todo» hasta que terminó la carrera en 2010, cuando instaló su despacho en la agencia.
Según ha indicado, el procesado ya fallecido Gustavo A.
G.
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R fue cliente suyo y se encargaba de llevarle gestiones en el Catastro y las «tramitaba como las de cualquier otro», entre ellas las de cambio de titularidad.
A su despacho no fueron nunca las dos hijas de Gustavo, que también estuvieron imputadas en la causa, solo se presentó una vez su mujer cuando falleció su cliente, ha remarcado.
En cuanto al acusado José María C.
F.
, ha explicado que no llevaba la oficina de la que era propietario, pues era funcionario y trabajaba en el puerto, un hecho que indicó a los agentes que le detuvieron y que les sorprendió.
Sobre el registro de su despacho, ha indicado que «se lo llevaron todo» cuando el auto de entrada y registro afectaba a las oficinas de C.
F.
, como así lo advirtió.
El juicio continuará la próxima semana con la declaración de más testigos de esta causa, en la que el procesado Santiago Ramón M.
M.
que se enfrentaba inicialmente a la mayor pena, 17 años de prisión, asumió en la primera sesión todos los cargos formulados por la acusación y admitió que formó parte de una trama que cambió la titularidad de decenas de fincas e inmuebles sin conocimiento de sus propietarios para lucrarse.
EFEcda/jmr