Santa Cruz de Tenerife, 21 oct (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado el proyecto de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado con los votos a favor de los grupos que la promovieron, CC, PP, ASG y AHI, además de Vox, y la abstención de PSOE y NC, que consideran la norma redundante y vacía de contenido.
La nueva ley implica reconocimiento del profesorado y de los equipos directivos como autoridad pública, y la presunción de veracidad ante situaciones de conflicto, ya sean agresiones, insultos o acoso, además de asistencia jurídica y psicológica inmediatas por parte de la administración.
Las críticas de PSOE y NC se basan en los informes del Consejo Consultivo y del Consejo Escolar de Canarias, que hacen hincapié en que la autoridad del docente ya se recoge en la normativa estatal y autonómica, y en el rechazo mayoritario a las aportaciones de asociaciones de padres, directivos y estudiantes durante la ponencia.
Las enmiendas presentadas por PSOE y NC, muchas de las cuales recogían esas peticiones, han sido rechazadas por los grupos que apoyan al ejecutivo canario con el argumento de que se incluirán en la futura ley de atención a la diversidad y bienestar del alumnado y en nuevo el decreto de convivencia.
Las de Vox las han rechazado por «extemporáneas», ya que entre otras cuestiones proponían eliminar la figura del coordinador de igualdad y educación afectivo-sexual, ha explicado Jonathan Fumero (CC).
Asimismo, Marcos Hernández (PSOE) y Carmen Hernández (NC) han advertido de que sin ficha financiera todo puede quedar en «papel mojado», en «una palmadita en la espalda» a los docentes.
Sobre el particular, el diputado del Grupo Mixto por AHI, Raúl Acosta, ha advertido de que «la ley necesitará de un desarrollo adecuado y de medios» porque de lo contrario se acabarán generando «falsas expectativas», y que su partido «estará atento» a que haya «un cumplimiento efectivo» de la misma.
Los grupos proponentes han esgrimido que la iniciativa ha partido de la reclamación de los profesores de «más reconocimiento y protección», tal y como ha señalado Melodie Mendoza (ASG), y ha terminado siendo «una ley de la comunidad educativa en su conjunto».
Sonsoles Martín (PP) ha expuesto que las leyes vigentes que ya reconocen esa autoridad al profesorado «no eran suficientes» en vista de que en los últimos años se viene experimentando en los centros una «pérdida progresiva» de su reconocimiento social y un incremento de situaciones en las que se sienten «cuestionados, desautorizados y desprotegidos en el ejercicio de sus funciones».
Martín ha indicado que la nueva ley «no pone al profesor por encima de nadie» sino que le da herramientas para que pueda trabajar «con seguridad y respeto».
La diputada popular ha agradecido las aportaciones de los comparecientes durante el periodo de ponencia de la proposición de ley, pues han ayudado a que el texto resultante «sea mejor y lo más completo posible» para que «toda la comunidad educativa se vea reflejada».
Javier Nieto (Vox) ha considerado necesaria la ley pero la ve «corta y poco concreta», y sus resultados, ha añadido, «dependerán mucho de cómo se desarrolle».
Carmen Hernández (NC) ha coincidido en el fondo de la nueva normativa, el reconocimiento de la autoridad y el respaldo a los docentes, pero en su opinión nace «con dos carencias»: se ha hecho «de espaldas a la comunidad educativa» y no contempla más personal de apoyo y equipos de orientación, así como mejoras retributivas.
«Para este viaje no hacía falta estas alforjas», ha proclamado Marcos Hernández (PSOE), quien ha indicado que tanto el Consejo Escolar como el Consultivo «dejan a las claras el poco recorrido» de esta proposición de ley.
Con lo cual, el diputado socialista se ha preguntado «cuando se publique en el Boletín Oficial de Canarias ¿qué va a pasar? Absolutamente nada».
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