Santa Cruz de Tenerife, 19 oct (EFE).
– La Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a dos años de cárcel y a pagar un total de 7.
040 euros al acusado de haber cometido tres estafas que consistían en ofrecer el alquiler de viviendas que no eran suyas y quedarse con el dinero que le enviaban los denunciantes.
De esa cantidad, 4.
200 euros se corresponden a una multa y a continuación 1.
400, 1.
940 y 1.
000, son lo que deben devolver a cada una de las víctimas.
La Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de cárcel y multa de 2.
700 euros por considerar que se estaba ante un delito de estafa y por lo tanto debía indemnizar a los estafados con 1.
400, 1.
940 y a una pareja otros 1.
000 euros, mientras que la defensa pedía su absolución.
El acusado reside en Las Palmas de Gran Canaria y con el fin de ganar dinero ofreció a través de un portal online de anuncios, al menos dos viviendas en alquiler en Santa Cruz de Tenerife, al parecer con datos falsos dado que no era propietario de ninguna de las casas.
En el primer caso contactó con la víctima a través de whatsapp con un número cuya titularidad real se desconoce y tras darle los datos de su cuenta, ingresó 900 euros en concepto de reserva de una vivienda.
En el segundo consiguió que otra persona le ingresara 1.
440 euros por medio de tres operaciones distintas y por último, engañó a una pareja de idéntica forma a las anteriores.
El acusado reconoció durante el juicio la titularidad de la cuenta, haber recibido los pagos y que extrajo de forma inmediata el dinero cuando se producían los ingresos, pero no concretó en qué lo había utilizado y aseguró desconocer que estaba cometiendo un fraude.
Su papel, según dijo, fue el de limitarse a recibir los pagos y entregar luego el dinero a un conocido que le había pedido su ayuda para realizar esta gestión y del que nunca llegó a dar dato alguno.
Relato al que el Tribunal no concede ningún crédito dado que ya en otras ocasiones es habitual que los acusados utilicen terminales de teléfono a nombre de desconocidos o personas ilocalizables y la forma de retirar el dinero confirma que sabía cuando iba a llegar la transferencia.
Tampoco ayudó a la hora de demostrar su inocencia que no facilitara la localización del supuesto titular del móvil, dar algún dato sobre quién era y tampoco aclaró por qué no había visto que en el concepto de la transferencia se indicaba que era una reserva de alquiler.
EFEnra/spf1012088