Las Palmas de Gran Canaria, 16 oct (EFE).
– Canarias registró 3.
181 demandas por despido entre abril y junio de 2026, un 21,6 % más que en el segundo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 2.
616, ha informado este viernes en un comunicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en relación a los efectos de la crisis económica.
El incremento registrado en las islas casi duplica el que se produjo en el conjunto de España, que fue de un 11,2 %, indica la nota.
Las islas tuvieron, además, la mayor tasa de demandas por despido del país, con 140,8 por cada 100.
000 habitantes, seguidas por Madrid (113) y Cataluña (111,7), mientras que la media nacional se situó en 92,1.
Las reclamaciones de cantidad registradas en la jurisdicción social también aumentaron, al pasar de 2.
380 a 2.
865, un 20,4 % más.
Con 126,8 procedimientos por cada 100.
000 habitantes, Canarias presentó la segunda tasa más alta, tras Asturias (131,2), frente a una media nacional de 71,3.
Los concursos de personas naturales no empresarias -particulares sin actividad empresarial— disminuyeron en Canarias un 19,3 %, de 1.
104 en el segundo trimestre de 2025 a 891 en el mismo periodo de 2026, según los datos del Consejo.
La evolución contrastó con la del conjunto del Estado, donde aumentaron un 5,9 %.
Pese al descenso, la tasa canaria, de 39,4 concursos por cada 100.
000 habitantes, permaneció por encima de la media nacional, de 34,5, y ocupó el quinto lugar, tras Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid.
El total de concursos presentados en el archipiélago fue de 918, un 18,9 % menos que un año antes (1.
132); los de personas jurídicas descendieron un 31,8 %, de 22 a 15, mientras que los de personas naturales empresarias se duplicaron, de seis a doce.
Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas dinerarias, disminuyeron un 37,4 % en Canarias en el segundo trimestre de 2026, al bajar a 11.
409 frente a los 18.
214 en el segundo trimestre de 2025, si bien las islas mantuvieron la tasa más alta del país, con 505,1 procedimientos por cada 100.
000 habitantes, frente a los 366,1 de media nacional.
Los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se mantuvieron en 28, la misma cifra que un año antes.
Esta estadística se refiere a una vía procesal específica para recuperar la posesión y no constituye un recuento de todas las ocupaciones de viviendas, precisa la nota.
EFEcda/pcr