Santa Cruz de Tenerife, 15 oct (EFE).
– El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha acusado este jueves al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de haber permitido la transformación de edificios residenciales en hoteles y alojamientos turísticos, lo que ha reducido la oferta de viviendas y expulsado a vecinos de barrios como Guanarteme, al mismo tiempo reclamaba que la ciudad sea declarada como zona tensionada.
En respuesta a una pregunta de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández sobre la declaración de la capital grancanaria como zona de mercado residencial tensionado, Rodríguez ha señalado que el planeamiento urbanístico municipal ha permitido convertir edificios completos de viviendas en hoteles y ha sostenido que el Consistorio podría haber modificado su plan general para impedirlo.
Asimsimo, ha responsabilizado al gobierno municipal, conformado por el PSOE, Nueva Canarias y Podemos, de haber contribuido a la reducción de la oferta residencial y a la salida de vecinos de los barrios de la ciudad.
Rodríguez ha criticado que formaciones política que llevan más de ocho años gobernando la ciudad señalen a otras administraciones por los problemas de vivienda sin asumir, a su juicio, su responsabilidad en las decisiones urbanísticas adoptadas en la capital grancanaria.
«Es lamentable que intenten señalar a todo el mundo, menos a ustedes mismos que llevan más de ocho años gobernando Las Palmas de Gran Canaria, expulsando a la gente de los barrios», ha aseverado.
El consejero ha realizado estas declaraciones durante el debate sobre la solicitud municipal para declarar Las Palmas de Gran Canaria zona de mercado residencial tensionado.
Ha explicado que la Ley estatal de Vivienda de 2023 permite declarar zonas tensionadas a los municipios que cumplan determinados requisitos, pero que la declaración no es automática y debe seguir un procedimiento administrativo.
Según ha detallado, el Ayuntamiento presentó una solicitud formal que abarca todo el municipio y no una zona concreta.
Rodríguez ha indicado que el Gobierno autonómico requirió documentación adicional y ha defendido que la tramitación debe ajustarse a los requisitos legales.
Por su parte, la diputada de NC Carmen Hernández ha acusado al Ejecutivo canario de retrasar el procedimiento y ha defendido que la declaración permitiría limitar los precios del alquiler y aliviar la situación de las familias que afrontan rentas elevadas.
La diputada ha asegurado que los datos oficiales de Cataluña reflejan una bajada de los alquileres en los 302 municipios donde se ha aplicado esta medida.
Sin embargo, el consejero ha cuestionado la eficacia de la limitación de precios y ha afirmado que, en Cataluña, el descenso de la media se debe a la reducción de los alquileres superiores a 2.
500 euros, mientras que las rentas más bajas no han disminuido.
También ha alegado que la oferta de viviendas se ha reducido en más de un 20 %.
En todo caso, el consejero ha defendido que la limitación de los alquileres debe estudiarse junto con medidas que permitan aumentar la oferta residencial para evitar agravar el problema de acceso a la vivienda.
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