Las Palmas de Gran Canaria, 15 oct (EFE).
– El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha defendido este jueves que en el procedimiento que determinó el desahucio esta semana de la mujer con dos niños de la vivienda situada en Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, se respetó de forma «escrupulosa» la legalidad.
En declaraciones a los periodistas, Avello ha advertido, en cualquier caso, de que los jueces son imparciales e independientes, y ha recordado que, por ser presidente del TSJC, «no es el jefe de nadie», en relación a las críticas del colectivo Derecho al Techo y del Ayuntamiento a la comisión judicial que procedió al lanzamiento ese día, por no atender el informe de vulnerabilidad de la corporación local para paralizarlo.
Avello ha explicado que hubo una demanda de tutela judicial por parte del propietario de la vivienda, en base a un contrato de arrendamiento que se resolvió con una sentencia firme con todas las garantías.
El presidente del TSJC ha subrayado que, en un Estado de Derecho, las sentencias hay que ejecutarlas, por lo que si la juez consideró que el informe de vulnerabilidad no era necesario o que no era el momento presentarlo -detalle que desconoce-, y «siguió adelante era porque legalmente estaba obligada».
Ha recalcado que un juez está siempre «en el medio» y debe aplicar e interpretar las leyes que el poder legislativo promulga.
En cualquier caso, ha asegurado que «no hay ningún juez en Canarias ni en España que voluntariamente se levante con la idea de lanzar a alguien de su casa, ni que la decisión sea fácil».
Se trata de un conflicto de intereses entre el propietario que desea recuperar su casa y una persona que no quiere abandonarla, y en ese conflicto y valoración, aplicando la normativa vigente tiene que resolver el juez, ha indicado.
Así mismo, ha manifestado que una sentencia se puede cumplir voluntariamente y, si eso no ocurre, se acude a los medios coercitivos, que es lo previsto en la ley, «y la ley nos vincula a todos, al propietario y la inquilina», que es el normal funcionamiento del Estado de Derecho.
«Y el que los ciudadanos sepan que las leyes se cumplen, independientemente y, entre comillas, de la presión social o de las circunstancias que puedan concurrir en cada caso concreto, es una garantía y una tranquilidad para todos», ha recalcado.
Además, ha recordado que las medidas coercitivas se adoptan todos los días, no sólo en los desahucios, también en otros casos como los impagos, que se procede a embargar las cuentas, «porque estamos en un Estado de Derecho», ha insistido.
Según Avello, «sería muy injusto que se adoptaran decisiones bajo presión o bajo determinadas circunstancias».
El presidente del TSJC ha considerado necesario «transmitir tranquilidad», y que lo ocurrido a esa familia obedece al normal proceder del Estado de Derecho y se dieron las garantías de que la decisión adoptada fue ajustada a la legalidad.
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