Santa Cruz de Tenerife, 15 oct (EFE).
– El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este jueves que la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado residencial tensionado debe ajustarse al procedimiento establecido por la legislación estatal.
Estas declaraciones se producen después de que ayer el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) haya sometido a información pública el expediente para declarar el municipio de Las Palmas de Gran Canaria como Zona de Mercado Residencial Tensionado, a petición de su Ayuntamiento.
En respuesta a una pregunta de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Carmen Hernández, Rodríguez ha explicado en el Parlamento de Canarias que la Ley estatal de Vivienda establece que los municipios pueden solicitar la declaración de zona tensionada, pero no implica que aquellos que cumplan los requisitos sean declarados automáticamente.
El consejero ha señalado que Las Palmas de Gran Canaria es el único de los 88 municipios canarios que ha presentado una solicitud formal para ser declarado zona tensionada y ha precisado que la petición del Ayuntamiento abarca todo el municipio y no una zona concreta de la ciudad.
Rodríguez ha explicado que, tras estudiar la documentación presentada, el Gobierno autonómico requirió información adicional al Ayuntamiento en noviembre de 2025.
El consistorio respondió ese mismo mes reiterando su solicitud sin modificarla, por lo que el Ejecutivo realizó un nuevo requerimiento, al que, según ha indicado, no recibió respuesta en marzo de 2026.
El consejero ha defendido que, cuando una solicitud está incompleta o no reúne los requisitos establecidos, la Administración debe requerir al solicitante la documentación necesaria, como sucede con una petición de subvención.
Rodríguez ha cuestionado las críticas de Carmen Hernández sobre la demora y ha afirmado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha permitido transformar edificios residenciales en hoteles y alojamientos turísticos a través de su planeamiento urbanístico.
Según el consejero, estas transformaciones han reducido la oferta de vivienda y han contribuido a la salida de vecinos de barrios como Guanarteme.
Asimismo, ha sostenido que el Ayuntamiento podía modificar el Plan General para impedir esos cambios de uso.
Sobre la limitación de los precios del alquiler, Rodríguez ha afirmado que en Cataluña ha descendido la media de las rentas, pero ha atribuido esa bajada a la reducción de los alquileres superiores a 2.
500 euros.
Según ha señalado, las rentas que antes se situaban en torno a los 900 euros no han bajado y la oferta de viviendas ha disminuido más de un 20 %.
El consejero ha defendido que una medida de este tipo debe estudiarse junto con otras actuaciones destinadas a incrementar la oferta residencial para evitar agravar el problema de acceso a la vivienda.
Por último, ha señalado que la tramitación debe continuar conforme al procedimiento administrativo, con la información pública y las alegaciones correspondientes, y ha asegurado que los informes del Instituto Canario de la Vivienda son elaborados por sus funcionarios.
Por su parte, la diputada Carmen Hernández ha afirmado que el Gobierno canario tardó un año en revisar la documentación presentada por el Ayuntamiento y otros siete meses en emitir el Icavi un informe para continuar la tramitación, pese a que, según ha señalado, solo había un expediente de declaración de zona tensionada.
La representante de NC ha recordado que el Gobierno de Canarias votó en contra de una proposición no de ley de Nueva Canarias sobre esta medida en 2024 y ha sostenido que el Ejecutivo ha negado sistemáticamente su eficacia.
En este sentido, ha asegurado que los datos oficiales de Cataluña reflejan una bajada de los alquileres en los 302 municipios donde se ha aplicado la declaración.
Además, ha advertido de que las familias de barrios como Guanarteme siguen sufriendo alquileres elevados y ha pedido al Gobierno que agilice la tramitación para evitar que más residentes tengan que abandonar sus viviendas.
También ha expresado su temor a que la publicación del expediente sea un anuncio electoralista.
EFEbrr/asd