MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) –
El desahucio de la activista Paca Blanco que estaba previsto para el próximo día 30 de noviembre ha quedado aplazado nuevamente por un periodo de 60 días, es decir, dos meses.
Su abogada, Alejandra Jacinto, ha acudido este miércoles al juzgado, donde le han comunicado que el procedimiento queda suspendido durante este periodo, según ha indicado Ecologistas en Acción en un comunicado, en el que apunta que esta nueva prórroga mantiene la amenaza y prolonga la incertidumbre que lleva años soportando.
No basta con aplazar el desahucio. Las instituciones deben ofrecer una solución definitiva que permita a Paca vivir con tranquilidad y dignidad. Encadenar suspensiones mientras se mantiene la amenaza de expulsión supone un maltrato institucional y un desgaste especialmente grave para una persona mayor con un estado de salud delicado, han apuntado desde la organización, que achaca esta suspensión a la presión popular.
La histórica activista madrileña, de 77 años y referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda, lleva más de una década residiendo en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de la que le quieren desahuciar.
Se fue a vivir a esta vivienda que la EMVS le había adjudicado a su hijo. Tras la marcha del mismo, intentó subrogarse en el contrato. Durante este tiempo, ha tratado que el Ayuntamiento de Madrid le permita regularizar su situación, algo que no se ha producido, a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año.
Fuentes municipales han explicado a Europa Press que con carácter general, la EMVS solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años, sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros.
En esos casos, los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda así como proteger el patrimonio municipal. En el caso de la subrogación, en términos generales, sólo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación, han apuntado desde el Ayuntamiento.
SOLUCIÓN AL ALCANCE DEL AYUNTAMIENTO
En cambio, desde los colectivos de apoyo a esta activista han recalcado que la solución está al alcance del Ayuntamiento y de la EMVS y consiste en retirar definitivamente el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación del contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos. Una empresa pública de vivienda debe garantizar el acceso a un hogar y la estabilidad de quienes lo habitan, han remarcado.
Más de 150 organizaciones y colectivos de toda España –sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales– han respaldado el manifiesto de apoyo a Paca, que consiguió frenar un anterior intento de desahucio. En cualquier caso, las organizaciones han avanzado que seguirán movilizándose hasta que tenga garantizada su permanencia en su hogar.
UNA TRAYECTORIA MARCADA POR EL COMPROMISO SOCIAL
La trayectoria de Paca ha estado marcada por el compromiso social desde el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento de vivienda. Su vida ha estado también atravesada por la precariedad y la persecución política.
De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer. Años después fue expulsada de su vivienda, en la localidad extremeña de El Gordo, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas.