Las Palmas de Gran Canaria, 14 oct (EFE).
– El presidente del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha culpado este miércoles a las políticas de vivienda impulsadas por el PSOE en el Gobierno de estar «generando inseguridad jurídica» y de reducir la oferta de alquileres, lo que contribuye a que se encarezcan más los precios.
En un comunicado, Sánchez sostiene que esa situación «es especialmente preocupante en Canarias y, en particular, en Gran Canaria y opina que los últimos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros «lejos de solucionar el problema, pueden agravarlo».
«El Gobierno pretende trasladar a los propietarios particulares una responsabilidad que corresponde al Estado, como es atender y proteger a las familias vulnerables.
No se puede pretender que sean los pequeños propietarios quienes asuman las consecuencias de que las administraciones no hayan sido capaces de garantizar una alternativa habitacional a quienes la necesitan», señala.
Según el presidente insular del PP, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno «se han producido más de 270.
000 desahucios en España», una realidad que, a su juicio, «evidencia la distancia entre los anuncios del Ejecutivo y los resultados de sus políticas de vivienda».
Recuerda que este mismo martes en Las Palmas de Gran Canaria se ejecutó un desahucio de una mujer y sus dos hijos menores de edad.
«Mientras el PSOE se da golpes de pecho hablando de proteger a las familias vulnerables y pretende dar lecciones al resto sobre el derecho a la vivienda, ayer mismo, en la ciudad que gobierna Carolina Darias, una madre y sus dos hijos menores eran expulsados de su casa por la fuerza», apunta el dirigente popular.
En este sentido, recalca que es preciso diferenciar entre las familias que atraviesan dificultades económicas y necesitan protección pública y quienes ocupan ilegalmente una vivienda.
«A las familias vulnerables hay que protegerlas, pero esa protección deben garantizarla las administraciones, a través de los servicios sociales y las políticas públicas de vivienda.
Lo que no podemos aceptar es que un propietario tenga que soportar durante años la ocupación ilegal de su casa sin una respuesta eficaz de la Justicia», apunta.
Carlos Sánchez defiende la propuesta legislativa del PP para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, con procedimientos que permitan actuar en un plazo de 48 horas, e insiste en que ofrecer seguridad jurídica «es una condición imprescindible para recuperar la confianza de quienes disponen de una vivienda y no se atreven a incorporarla al mercado del alquiler».
«Sin seguridad jurídica no habrá más viviendas en alquiler», sentencia.
EFEjmr