Santa Cruz de Tenerife, 13 oct (EFE).
– PSOE y Nueva Canarias han cuestionado este martes la lectura que hace el Gobierno autonómico de la mejora de Canarias en los indicadores de servicios sociales y han advertido de que el incremento del gasto no se está traduciendo en la misma medida en mayor cobertura y prestaciones para la población.
El debate se ha producido durante una comparecencia a petición propia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el pleno del Parlamento, para analizar conjuntamente el Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) sobre pobreza y condiciones de vida.
Delgado ha destacado que Canarias obtiene 6,35 puntos en el Índice DEC y ocupa la cuarta posición entre las comunidades autónomas, después de haber estado en el último puesto en 2012, y ha defendido que la evolución debe valorarse sin obviar que continúan existiendo pobreza, desigualdad y dificultades para llegar a final de mes.
Texto pegadoLa diputada socialista Elena Máñez ha considerado positivo que Canarias apruebe y mejore en este indicador, pero ha acusado al Ejecutivo de hacer “marketing estadístico” al seleccionar únicamente los datos favorables.
Máñez ha citado al presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, responsable del Índice DEC, quien, según ha señalado, ha hablado de un “espejismo estadístico” en algunos de los datos del Gobierno canario.
La socialista ha recordado que la elevada puntuación económica suma el gasto de Gobierno, cabildos y ayuntamientos y ha incidido en que el propio informe advierte de que los recursos invertidos no se traducen proporcionalmente en un incremento de prestaciones y servicios.
También ha reprochado que sigan pendientes instrumentos previstos en la Ley de Servicios Sociales, como el plan estratégico, el mapa de recursos y la historia social única, además de reclamar la puesta en marcha del complemento de vivienda de la Renta Canaria de Ciudadanía.
En términos similares, Natalia Santana (NC) ha reconocido la mejora de Canarias y el esfuerzo económico, pero ha considerado “triunfalista” la lectura del Ejecutivo y ha advertido de una “pequeña trampa” al vincular directamente el gasto con la calidad del sistema.
Santana ha señalado que Canarias dispone de un profesional de servicios sociales por cada 2.
261 habitantes, frente a uno por cada 1.
363 de media estatal, y ha citado déficits en recursos residenciales y de atención a mayores y personas con discapacidad.
Además, ha incidido en que, pese a la reducción de la pobreza monetaria recogida por el ISTAC, persisten elevados niveles de vulnerabilidad, dificultades para afrontar el coste de la vivienda y hogares con problemas para llegar a final de mes.
Paula Jover (Vox) también ha cuestionado que la posición alcanzada en el Índice DEC permita concluir que el sistema funciona adecuadamente y ha pedido explicaciones sobre la falta de un comité de ética, una estrategia «de investigación» en servicios sociales y la implantación definitiva de la historia social única.
Delgado ha defendido que el gasto consolidado en servicios sociales de las administraciones canarias alcanza los 724,3 euros por habitante, frente a 575 euros de media estatal, y representa el 2,79 % del PIB canario, frente al 1,75 % estatal.
Ha admitido, no obstante, que el reto es conseguir que ese esfuerzo económico se traduzca en más cobertura, menos esperas y servicios accesibles en todas las islas.
Como ejemplo, ha indicado que el tiempo medio de tramitación de la dependencia se ha reducido desde los 782 días de julio de 2023 hasta 214 días en septiembre de este año, mientras que en discapacidad la lista de espera fuera del plazo legal en Tenerife y Gran Canaria ha descendido alrededor de un 70 %.
En la Renta Canaria de Ciudadanía, los expedientes pendientes de reconocimiento han pasado, según la consejera, de 7.
537 en 2023 a unos 1.
400, y el plazo medio de resolución se ha reducido de 24 a siete meses.
Delgado ha subrayado además que los últimos datos del ISTAC sitúan la población por debajo del umbral de riesgo de pobreza en el 16,6 % en 2025, frente al 20,5 % de 2022, aunque ha insistido en que estos datos “no permiten afirmar que las dificultades sociales hayan desaparecido”.
La consejera ha reconocido que la pobreza infantil, la situación de los hogares monoparentales y la mayor exposición de las mujeres al riesgo de pobreza exigen mantener políticas específicas.
Entre las prioridades para los próximos meses ha situado reducir las esperas en dependencia y discapacidad, reforzar la atención domiciliaria y comunitaria, proteger a los hogares más vulnerables, sostener la red municipal y mejorar la coordinación con el tercer sector.
EFEcmg/asd