Las Palmas de Gran Canaria, 9 oct (EFE).
– Podemos ha exigido este viernes al Gobierno canario (CC-PP) que declare zonas residenciales tensionadas, como la que ha pedido Las Palmas de Gran Canaria, ya que ello evitaría que ocho de cada diez desahucios se produzcan por alquileres «inasumibles», como aseguran que ocurre en las islas.
La formación morada ha pedido al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo (CC) «que deje de proteger los intereses del negocio inmobiliario y aplique de una vez las herramientas de la Ley de Vivienda para frenar la escalada de los alquileres».
Para Podemos, nacionalistas y populares «han convertido el acceso a la vivienda en un privilegio, mientras miles de residentes encuentran cada vez más dificultades para permanecer en sus barrios», una situación frente a la que reclama el «desbloqueo urgente de la declaración de zonas tensionadas» y que se establezcan «límites legales a los precios del alquiler».
Su secretario de Comunicación, Fernando Ruiz, ha responsabilizado en un comunicado a CC de «impulsar políticas que agravan la crisis habitacional, como la promoción de las islas para atraer nómadas digitales y residentes con mayor poder adquisitivo, sin garantizar previamente el acceso a la vivienda de la población local».
Podemos considera que esta estrategia favorece la competencia desigual por el alquiler y contribuye al desplazamiento de quienes viven y trabajan en Canarias.
Ruiz cuestiona que CC «presuma de defender esta tierra mientras promociona las islas para atraer rentas altas y deja a la población canaria compitiendo por una vivienda que cada vez puede pagar menos gente» y considera que «el problema no es quién viene a vivir a Canarias, sino un Gobierno que pone la alfombra roja al negocio inmobiliario mientras obliga a su gente a marcharse de sus barrios».
La secretaria general de Podemos en las islas y diputada nacional, Noemí Santana, recalca que «no se puede hablar de defender Canarias mientras se vota contra las medidas que permitirían a miles de familias seguir viviendo en sus casas», por lo que, a su juicio, «CC y PP tienen que decidir si gobiernan para quienes viven de su trabajo o para quienes hacen negocio con una necesidad tan básica como tener un techo».
Podemos también acusa al Ejecutivo autonómico de utilizar la burocracia como excusa para retrasar la regulación de los alquileres y recuerda que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó en mayo de 2024 la declaración de la ciudad como zona tensionada y que, más de dos años después, el procedimiento continúa sin culminarse.
Pese a los nuevos trámites anunciados para este mes por la Consejería de Vivienda, la formación advierte de que «los anuncios no frenan las subidas del alquiler ni garantizan la permanencia de los hogares afectados», por lo que exige «un calendario público de resolución y la aplicación efectiva de los mecanismos legales allí donde se acrediten los requisitos».
Al mismo tiempo, insiste en que construir vivienda pública es imprescindible, pero rechaza utilizar las promociones futuras como coartada para no intervenir sobre los precios actuales.
Podemos ha subrayado que las estadísticas judiciales de 2025 reflejan que se registraron 1.
426 lanzamientos en Canarias, de los que 1.
129 estuvieron relacionados con arrendamientos urbanos, prácticamente ocho de cada diez, unos datos que cree que «evidencian el peso del alquiler en la pérdida de viviendas».
«Estas cifras deberían bastar para que el Gobierno abandonara su pasividad y priorizara el derecho a una vivienda digna.
Canarias no puede convertirse en un territorio donde vivir sea un lujo reservado a quienes más tienen, mientras su propia gente se ve obligada a marcharse», asevera Podemos en su nota.
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