Santa Cruz de Tenerife, 6 oct (EFE).
– El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación del Cabildo de Tenerife sobre uno de los cuatro proyectos que componen el Circuito del Motor.
En una providencia del pasado 30 de septiembre, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal reprocha a la corporación la falta de fundamentación y carencia de interés casacional, y le impone las costas.
En un comunicado, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) recuerda que el Cabildo dividió el Circuito del Motor en cuatro proyectos distintos y esta providencia del Supremo es la primera resolución firme, sin posibilidad de recurso, sobre uno de ellos: el proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables.
Quedan otros tres procedimientos pendientes: el Proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la Adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al Plan de Defensa contra Avenidas y el Proyecto modificado de la pista de velocidad.
Señala ATAN que esta primera resolución del Supremo confirma lo que lleva años denunciando: que la declaración de impacto ambiental del circuito está caducada y que el proyecto «carece de cobertura ambiental y, por tanto, legal».
ATAN exige al Cabildo de Tenerife «la paralización inmediata de las obras, la restauración de los terrenos destruidos y la depuración de responsabilidades legales y políticas».
Esgrime que «nadie» en la corporación insular «puede decir que no lo sabía», ya que ATAN avisó en 2022, en el trámite de alegaciones, a los propios técnicos del Cabildo; avisó el Defensor del Pueblo en enero de 2024, cuando advirtió de que el acta de replanteo de 2016 pudo ser un simple trámite para esquivar la caducidad.
También «avisaron» los juzgados en primera instancia, el Tribunal Superior de Canarias en apelación y ahora, el Supremo.
A pesar de todo ello, critica ATAN, el Cabildo «siguió adelante, tanto el de Rosa Dávila como el de Pedro Martín», pese a las primeras sentencias en contra, y lo hizo «con un único objetivo: imponer los hechos consumados, destrozar la zona para que no quede nada y meter las máquinas antes de que llegara la última decisión de los tribunales».
«No es una equivocación, es una estrategia deliberada de desprecio a la legalidad en la que tienen metida la isla al completo», censura la asociación ecologista.
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