Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).
– La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife reclama «mecanismos de flexibilidad» en las licitaciones públicas que permitan responder a posibles variaciones de los costes durante la ejecución de las obras, especialmente en proyectos de larga duración.
En un comunicado, el presidente de la Cámara, Santiago Sesé, esgrime que «las empresas pueden asumir determinados riesgos, pero no pueden comprometerse durante varios años con unos precios que desconocen si podrán mantener».
Abunda en que el principal reto de la inversión pública en Canarias no pasa únicamente por aumentar los recursos destinados a nuevas actuaciones, sino por conseguir que esas inversiones puedan convertirse en obras ejecutadas en los plazos previstos y en unas condiciones que permitan a las empresas asumir los proyectos.
Sesé señala que la evolución del sector de la construcción durante el segundo trimestre muestra que existe actividad y capacidad empresarial para responder a una mayor inversión, pero también pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones en las que se plantean las licitaciones públicas.
Subraya que una licitación representa la salida de una obra al mercado, «pero no significa que esa inversión vaya a ejecutarse», pues para que el proyecto llegue a materializarse «tiene que existir interés empresarial, presentarse ofertas, producirse la adjudicación y finalmente ejecutarse la obra».
Y recalca que cuando una licitación queda desierta porque ninguna empresa presenta una oferta que considere viable, el resultado es que una inversión inicialmente prevista no llega a convertirse en una actuación real.
La Cámara de Comercio señala que «el problema no es teórico y ya está teniendo una manifestación concreta en algunas de las grandes inversiones previstas para Canarias».
Uno de los ejemplos más recientes es la remodelación integral del aeropuerto Tenerife Sur, cuya primera licitación quedó desierta después de que ninguna empresa presentara oferta.
El contrato, promovido por Aena, partía de un presupuesto de 464,1 millones de euros, sin impuestos, y contemplaba un periodo de ejecución de ocho años.
La Cámara considera especialmente significativo que una actuación de esta dimensión y relevancia estratégica no haya encontrado inicialmente respuesta empresarial.
El plazo de ejecución, la evolución que pueden experimentar los costes de materiales y mano de obra durante un periodo tan prolongado y las condiciones establecidas en el procedimiento son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar este tipo de contratos, recalca la entidad cameral.
«Esto demuestra que no basta con disponer de una dotación económica importante.
Hay que diseñar las condiciones de contratación de manera que exista un equilibrio razonable entre el riesgo que asume la administración y el que asume la empresa», señala Sesé.
Más allá del caso de Tenerife Sur, señala que en Canarias ha habido procesos de contratación que han tenido que ser replanteados o vueltos a licitar al no encontrar suficiente respuesta empresarial.
Mientras que en determinadas actuaciones de vivienda pública las empresas han trasladado igualmente su preocupación por unas condiciones económicas que «no siempre reflejan la evolución real de los costes de construcción».
«Una empresa no decide participar o no en una licitación únicamente en función del margen de beneficio.
Tiene que valorar si puede asumir durante años el riesgo económico del contrato sin poner en peligro la propia continuidad de la actividad», apunta el presidente de la Cámara.
Santiago Sesé considera que el objetivo de introducir mecanismos de actualización no debe interpretarse como una petición para eliminar el riesgo empresarial de los contratos públicos, sino para «repartir de una manera más equilibrada» riesgos que ninguna de las partes puede controlar, especialmente en obras de larga duración y en un contexto de elevada volatilidad de costes».
Los datos del Boletín de Coyuntura de la construcción del segundo trimestre elaborado por el Servicio de Estudios de la entidad cameral reflejan un incremento de la licitación oficial de obra pública, con un aumento del 30,4% respecto al mismo periodo del año anterior y del 26,7% respecto al trimestre precedente.
Sin embargo, esta evolución está muy concentrada en la edificación, cuyo presupuesto licitado creció un 112,2% interanual, mientras que la obra civil descendió un 40,4%.
Para la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, estos datos deben interpretarse teniendo presente que el volumen de obra que sale a licitación y el volumen de inversión que finalmente se ejecuta «no son necesariamente equivalentes».
La primera cifra refleja las actuaciones que las administraciones ponen en el mercado; la segunda depende de que esas actuaciones puedan adjudicarse y materializarse.
Mercado inmobiliarioLa evolución del mercado inmobiliario durante el segundo trimestre muestra que la demanda mantiene un comportamiento dinámico.
La compraventa de viviendas aumentó un 1,1% interanual, impulsada fundamentalmente por la vivienda usada, que registró un crecimiento del 4,4%, mientras que la compraventa de vivienda nueva descendió un 7,5%.
Para la Cámara, estos datos deben analizarse conjuntamente con la evolución de los precios.
El precio de la vivienda libre aumentó un 14,2% interanual, mientras que el de la vivienda protegida lo hizo un 3,7%, al tiempo que el precio del suelo registró un incremento del 21,1%.
Sesé considera que esta evolución refleja la presión que existe sobre un mercado en el que la demanda sigue encontrando dificultades para encontrar una oferta suficiente.
«No podemos analizar el problema de la vivienda únicamente desde la demanda.
Si no somos capaces de aumentar la oferta, la presión termina trasladándose a los precios y también al suelo, que se convierte en uno de los principales factores que dificultan el desarrollo de nueva vivienda», apunta.
A su juicio, el incremento del precio del suelo constituye además un elemento que puede dificultar la puesta en marcha de nuevos proyectos, especialmente cuando se combina con los costes de construcción y con unos procedimientos administrativos que requieren plazos prolongados.
Por ello, la Cámara considera que aumentar la oferta de vivienda exige actuar de manera simultánea sobre el suelo, la tramitación administrativa, la construcción y la disponibilidad de inversión, especialmente en vivienda asequible y protegida.
EFEjmor