Puerto del Rosario (Fuerteventura), 18 jul (EFE)- Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Tuineje -el PP, Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) y Nueva Canarias- han defendido este sábado al personal de la corporación al que CC responsabiliza «de manera injustificada» de los impagos a proveedores del Consistorio, que superan los 4,5 millones de euros.
En un comunicado conjunto, PP, AMF y NC han pedido a CC que reflexione y retire la moción que llevará al próximo pleno ordinario del martes, al considerar que supone un «ataque injustificado» contra los trabajadores municipales, a quienes responsabiliza del bloqueo en el pago de facturas e, incluso, desliza la posible comisión de conductas tipificadas en el Código Penal.
Los tres grupos entienden que la iniciativa no solo carece de fundamento jurídico, sino que pretende desviar la responsabilidad política del gobierno municipal (CC-PSOE) hacia el personal del Ayuntamiento.
PP, AMF y Nueva Canarias han remarcado que es «especialmente grave» que Coalición Canaria sitúe en el foco a los empleados públicos cuando la responsabilidad sobre la gestión económica del Ayuntamiento recae exclusivamente sobre quienes gobiernan la institución.
«Los trabajadores municipales no pueden convertirse en el chivo expiatorio de la incapacidad del gobierno para gestionar el Ayuntamiento», sostienen los portavoces de la oposición, quienes han recordado que corresponde al alcalde dirigir la Administración municipal y ejercer las competencias que la ley le atribuye.
La oposición también cuestiona que el alcalde, David herrera de CC, pretenda llevar al pleno decisiones que son de su exclusiva competencia, como ordenar la suspensión del teletrabajo, instar la tramitación de modificaciones presupuestarias o reconocimientos extrajudiciales de crédito.
A juicio de PP, AMF y NC, un alcalde que necesita el respaldo del pleno para ejercer atribuciones que la ley le confiere directamente «evidencia una manifiesta incapacidad para asumir las responsabilidades inherentes a la Alcaldía», así como una preocupante falta de liderazgo para dirigir el municipio.
Asimismo, advierten de que algunas actuaciones impulsadas por la Alcaldía podrían ser nulas de pleno derecho, como el nombramiento de un trabajador municipal como instructor de procedimientos cuya competencia corresponde legalmente al alcalde, conforme a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los grupos de la oposición consideran que la moción presentada por Coalición Canaria busca trasladar la responsabilidad del impago de las facturas a los empleados municipales, cuando dicha responsabilidad corresponde exclusivamente al grupo de gobierno.
Además, subrayan que resulta significativo que esta iniciativa haya sido registrada únicamente por Coalición Canaria, sin el respaldo de su socio de gobierno, el Partido Socialista.
Frente a esa iniciativa, PP, AMF y Nueva Canarias han anunciado que presentarán una moción conjunta de urgencia con un planteamiento completamente distinto: ofrecer una solución jurídica, viable y ajustada a derecho para desbloquear el pago de las facturas pendientes y devolver la normalidad a la gestión municipal.
Las facturas pendientes superan los 4,5 millones de euros, afectando principalmente a autónomos, pequeñas y medianas empresas que llevan meses, e incluso años, soportando las consecuencias de “la mala gestión municipal”, pese a que el Ayuntamiento dispone de “liquidez suficiente y mantiene más de 20 millones de euros en las entidades bancarias”, señala la nota.
La moción presentada por la oposición propone priorizar la tramitación inmediata de los expedientes de reconocimiento y pago de las facturas pendientes; agilizar las licitaciones y procedimientos administrativos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios municipales y aprobar un plan extraordinario de choque con un calendario de pagos que permita regularizar toda la deuda con proveedores, según el comunicado.
Además, la oposición plante la necesidad de informar mensualmente al pleno sobre la evolución de los pagos, el estado de los expedientes y la reducción del periodo medio de pago.
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