Santa Cruz de Tenerife, 30 jun (EFE).
– El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias ha abogado este martes por simplificar la Ley del Suelo para reforzar la seguridad jurídica, eliminar burocracia innecesaria y agilizar los procedimientos administrativos, aunque «sin renunciar a las garantías ambientales ni a la participación ciudadana».
Es lo que recoge el dictamen aprobado por le CES sobre la actualización de la norma y que ha contado con un voto particular, según ha informado la institución en una nota.
El dictamen valora favorablemente los objetivos generales del anteproyecto de reforma de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias e incorpora un amplio conjunto de recomendaciones para lograr una regulación más clara, eficiente y adaptada a la realidad del archipiélago.
El presidente del CES, José Carlos Francisco, ha afirmado que la actualización de la ley constituye una oportunidad para simplificar un marco normativo que resulta «excesivamente complejo» y ha sostenido que una legislación más clara y coordinada puede aportar seguridad jurídica sin menoscabar la protección del territorio.
Francisco ha defendido que simplificar «no significa desregular», sino eliminar trámites burocráticos innecesarios, mejorar la coordinación entre administraciones y ofrecer respuestas más ágiles a la ciudadanía y a la actividad económica manteniendo las garantías ambientales y la participación pública.
Entre las principales propuestas del dictamen figura la elaboración de un texto refundido que integre la Ley 4/2017 y todas las modificaciones aprobadas desde su entrada en vigor, con el objetivo de facilitar su aplicación y ofrecer un marco normativo más accesible para administraciones, empresas y particulares.
El CES ha apostado además por avanzar en la digitalización de los procedimientos, eliminar duplicidades administrativas y revisar la normativa reglamentaria derivada de la reforma para incorporar principios de proporcionalidad, simplificación y coordinación procedimental.
El órgano consultivo ha subrayado la necesidad de que la actualización normativa contribuya a movilizar suelo residencial para favorecer la construcción de vivienda, especialmente protegida, y a mejorar el régimen aplicable al suelo industrial.
También ha reclamado fortalecer los recursos humanos y técnicos de las administraciones públicas, en particular de los ayuntamientos con menor capacidad, y mejorar la coordinación de los procedimientos ambientales para reducir los tiempos de respuesta sin rebajar el nivel de protección del territorio.
El dictamen apuesta igualmente por mantener y reforzar la participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales en la elaboración del planeamiento urbanístico, de forma que la agilización administrativa no implique una merma de la transparencia ni del consenso social en las decisiones sobre ordenación territorial.
EFEcmg