Las Palmas de Gran Canaria, 29 jun (EFE).
– La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha alertado este lunes del elevado nivel de absentismo laboral en Canarias, el más alto de España, una situación que, según la organización, está lastrando la productividad y la competitividad del tejido empresarial del archipiélago, pese a que las condiciones laborales son las mejores de la historia.
Así lo ha expuesto el vicepresidente ejecutivo de la CCE, José Cristóbal García, durante la presentación del Informe Anual de la Economía Canaria 2025, en la que ha advertido de que, aunque la economía regional «aparentemente va bien», persisten desequilibrios estructurales que amenazan el crecimiento a medio plazo.
García ha calificado el absentismo como «un tema gravísimo que continúa aumentando de una forma brutal» y ha detallado que en 2025 las horas no trabajadas crecieron un 25 % en Canarias, frente al 12 % de la media nacional.
Ese mismo año, se iniciaron 471.
777 procesos de incapacidad temporal, un 19,1 % más que en el ejercicio anterior, con un coste aproximado de 3.
000 millones de euros, según los datos de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC).
El vicepresidente ejecutivo ha explicado que la contingencia común sigue siendo el principal motivo de baja, con una incidencia media anual de 41,95 procesos por cada 1.
000 trabajadores, y una duración media de 44, frente a los 38 de la media nacional.
Las contingencias profesionales, por su parte, generan 2,49 procesos por cada 1.
000 trabajadores.
«Esto tiene un grave efecto sobre el tejido productivo canario, basado en pymes y en el sector servicios», ha subrayado García, quien ha señalado que, aunque comunidades como País Vasco o Madrid también presentan altos niveles de absentismo, en Canarias su impacto sobre la productividad es directo y exponencial debido a su estructura económica.
Según los datos presentados, el 7 % de los trabajadores concentra cerca del 48 % de las bajas laborales, mientras que el 68,4 % no registró ninguna incapacidad temporal a lo largo del año.
García ha insistido en que «nunca hemos tenido mejores condiciones laborales que las que hoy tenemos», pero ha apuntado a deficiencias en la gestión de las incapacidades temporales, la falta de coordinación entre administraciones y mutuas y al crecimiento de los problemas de salud mental, especialmente entre los menores de 35 años.
En este sentido, ha recordado que los procesos vinculados a problemas de salud mental en España han aumentado un 175 % desde 2015, y más de un 300 % entre los trabajadores de menos de 35 años, lo que, a su juicio, evidencia que se trata de un problema social y de salud pública, no estrictamente laboral.
García ha indicado que los problemas de salud mental tienen su origen, en gran medida, en etapas previas a la incorporación al mercado laboral, debido a factores sociales y educativos, así como al impacto de la pandemia.
En ese sentido, ha criticado que, mientras que en Europa la media de psiquiatras y psicólogos se sitúa en 20 por cada 100.
000 habitantes, en España es de nueve especialistas.
Asimismo, ha denunciado un «déficit del sistema sanitario» al señalar que hay que reforzar los recursos de inspección médica en el archipiélago, que cuenta con tan sólo 23 inspectores médicos en la unidad de salud laboral para apoyar a los entre 1.
542 y 1.
700 médicos de Atención Primaria, y mejorar la coordinación entre el Servicio Canario de Salud, el INSS y las mutuas.
La CCE también ha alertado de que el absentismo, junto al aumento de los costes laborales –un 3,7 % en el último año y un 18,9 % entre el 2021 y 2025– y la elevada presión fiscal, está agravando la caída de la productividad del trabajador, que en Canarias se sitúa en un -3,4 %, frente al -0,8 % de España, el 0,7 % de la zona euro y el 2,3 % de la Unión Europea.
Por otro lado, ha criticado que desde 2022 se hayan aprobado más de 71 normas que afectan directamente a las relaciones laborales de las empresas al margen del diálogo social y que se prevé adoptar más de 26 nuevas, relacionadas con el registro de jornada, la prevención de riesgos laborales, el estatuto del becario, el despido y las indemnizaciones, etc.
, unas normas que para la patronal no están relacionadas con la mejora de la competitividad, el fomento de la creación de empresas ni el apoyo a pequeñas y medianas empresas.
EFEmrgz/as(foto)