Santa Cruz De Tenerife, 29 jun (EFE).
– El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto del reglamento del Consejo Cartográfico, que tiene como objetivo incorporar con criterio común los avances tecnológicos respecto a la cartografía oficial y hacerla más accesible a la ciudadanía.
Una vez concluido el análisis jurídico que ha realizado el Consejo Consultivo de Canarias, este Consejo Cartográfico, creado en 1994, estrena nuevo reglamento para impulsar la incorporación de herramientas tecnológicas, aumentar la transparencia y unificar los criterios respecto al uso y plasmación de documentos en la cartografía oficial de Canarias.
Ha sido la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas la encargada de elaborar la propuesta que hoy se ha aprobado definitivamente, según ha informado este lunes el Ejecutivo regional.
Durante su redacción se ha sometido a un proceso de consulta por parte del resto de departamentos del Ejecutivo autonómico, cabildos, ayuntamientos y universidades, entre otras entidades.
El motivo de esta iniciativa normativa es sentar las bases de la actualización de todo el sistema cartográfico, no solo a las nuevas tecnologías, sino también en relación a la normativa estatal y europea.
Respecto al primero de los motivos, el Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) debe ser una herramienta accesible para todas las administraciones, “tanto para aportar información, en los mismos términos y condiciones, como para recabarla”, ha indicado Manuel Miranda, responsable del departamento.
El segundo de los motivos tiene que ver con la actualización de las leyes al respecto en el ámbito estatal y europeo que deben ser incorporadas al reglamento aprobado hoy.
El SITCAN está formado por diferentes instrumentos como el Plan Cartográfico de Canarias, la Cartografía Oficial, el Registro Cartográfico de Canarias, la Infraestructura de Datos Espaciales (IDECanarias), el Nomenclátor Geográfico de Canarias y la Red Geodésica Activa.
El Sistema, ha añadido Miranda, debe convertirse en una herramienta “de consulta de datos, proyectados sobre el territorio, que permita a las administraciones tomar decisiones en tiempo real y a la ciudadanía acceder sin cortapisas a esa misma información”.
Este sistema aporta “seguridad jurídica” a todos los operadores, ha recalcado.
El decreto aprobado definitivamente incorpora como anexo el reglamento que regula las funciones del órgano y su organización, así como las del pleno, la comisión permanente y las comisiones especializadas para asistencia técnica.
Asimismo se garantiza la representación de otras administraciones, así como expertos tanto procedentes de las universidades como de la sociedad civil, y se recoge la posibilidad de constituir comisiones especializadas para el análisis de asuntos concretos.
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